Las Cortes instan al Gobierno a pagar la parte devengada de la extra de 2012 a los funcionarios

Las Cortes de Aragón han instado al Gobierno de Aragón que ejecute el pago de la parte de la extra de Navidad de 2012 que aún no han percibido los empleados públicos aragoneses al aprobar un texto refundido de dos PNL de PP y PAR enmendadas por PSOE y Podemos. Para ello, han propuesto al Ejecutivo "un plazo de dos meses para que presente un plan", y, además, han pedido que se haga "consultando para su elaboración con los sindicatos de los trabajadores de la función pública".

Para la defensa de sus iniciativas, Yolanda Vallés (PP) ha explicado que estas medidas "pretendían generar estabilidad y competitividad", fueron "difíciles y tomadas no por gusto", y, sin embargo, "ahora habrá 300 millones más" en el presupuesto. Por su parte, Elena Allué (PAR) ha remarcado que "los empleados públicos ya han contribuido a la recuperación con un esfuerzo que ha afectado a su economía familiar" y "ha llegado el momento del restablecimiento de los derechos".

Alfredo Sancho (PSOE) ha apuntado que "lo que importa es que se restituya los derechos de los funcionarios", pero "hay que reflexionar" sobre "el informe de Intervención General que dice que hay 620 millones de gastos sin cobertura presupuestaria".

Para Héctor Vicente (Podemos), "sería sencillo subirse al carro, porque estas iniciativas plantean cuestiones justas, pero, habida cuenta de la situación de emergencia social y la delicada situación de las cuentas, debemos ser responsables".

Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha criticado la falta de "legalidad" de una medida "arbitraria" del Gobierno de España, por lo que, en su opinión, "no se debería haber hecho". El diputado del Grupo Mixto Gregorio Briz (CHA) ha calificado esta medida como "un atraco a los funcionarios", pero "la realidad es que hay un problema financiero", por lo que "hay que ver cómo lo hacemos".EMPLEO PÚBLICO

Por otra parte, todos los grupos parlamentarios de la cámara autonómica han reclamado que se elimine la discriminación hacia los diabéticos en el acceso al empleo público. La Comisión de Hacienda ha aprobado por unanimidad un texto de impulso del PSOE que insta al Ejecutivo a "desarrollar la normativa necesaria" en su marco de competencias y dirigirse al Gobierno central para reclamar un cambio legal en este mismo sentido.

Tal y como ha explicado Isabel García desde el Grupo Socialista, la iniciativa surge "a solicitud de colectivos de enfermos, que denuncian la existencia de barreras en el acceso al empleo público". Esta parlamentaria ha defendido que "mantienen una vida normal pudiendo realizar cualquier actividad de la misma forma que lo haría una persona sin esta enfermedad", por lo que "no puede ser motivo general de exclusión".

Una opinión similar ha expresado desde el PP Yolanda Vallés, aunque ha matizado que "se trata de una materia en la que lamentablemente tenemos poco ámbito competencial" y ha enmendado el texto con el objetivo de incluir la mención a "los avances médicos" y al cuadro de exclusiones de enfermedades.

Para Marta de Santos (Podemos), también de acuerdo con el cambio normativo, estos logros en esta enfermedad son "un claro ejemplo de que la apuesta por la investigación y la innovación no es un gasto sino una inversión", por lo que ha calificado la regulación actual como "obsoleta".

Desde el PAR, Elena Allué también se ha mostrado "de acuerdo tanto con la PNL como con la enmienda que mejora el texto". Aun así, ha manifestado que "choca que se haga a través de un texto de impulso y no modificarlo sin necesidad de traer la iniciativa".

También Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha resaltado los "avances muy importantes", calificando la normativa actual como "antigua e injusta". Por parte del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha incidido en la idoneidad del momento actual porque "está pendiente la ley de función pública".