Anulada la orden ministerial que regula el uso del uniforme de la Guardia Civil

El personal que haya cesado su actividad deberá vestir el uniforme previa solicitud y autorización.

La Audiencia Nacional ha anulado la orden del Ministerio del Interior de 22 de enero del año pasado que regula el uso general del uniforme de la Guardia Civil tras estimar un recurso contra la misma interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).


En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fundamenta que la orden instaura un "régimen de control previo" que no recoge la Ley de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil de 1999, que "reconoce el derecho al uso de uniforme por el personal retirado".


Señala que la orden establece que "el personal que haya cesado en la relación de servicios profesionales por pase a retiro solo podrá vestir el uniforme que corresponda previa solicitud y autorización oportuna en actos institucionales solemnes siempre que no esté ejerciendo cargos electos en órganos de representación pública y salvo los supuestos en que legalmente se prohíba".


La orden añade que "el que haya cesado en la relación de servicios profesionales por pérdida o renuncia de la condición de guardia civil no podrá utilizar el uniforme en ningún caso".


La Sala explica que sin embargo la ley señala que "los guardias civiles retirados podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes".


Agrega que es "en los supuestos de pérdida de nacionalidad española, pena de pérdida de empleo o inhabilitación y sanción disciplinaria de separación del servicio cuando solo mantendrá el derecho a su permanencia en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas".


Por tanto, para el tribunal "la orden va más allá de ser un mero reglamento interno u organizativo y merece la calificación de ejecutivo y por consiguiente necesitado en su elaboración del previo dictamen del Consejo de Estado".


Añade que "la omisión de la intervención del más alto órgano consultivo del Estado supone un motivo de nulidad de pleno derecho al tener tal trámite carácter de esencial", por lo que estima el recurso de la AUGC e impone las costas a la administración.


Fuentes de esta organización han destacado que "la justicia vuelve a dar la razón a la AUGC contra la prepotencia del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, que dictan normas a su capricho vulnerando la legalidad como ha quedado demostrado en la sentencia".


"Es precisamente ese carácter prepotente el que, entre otras muchas razones, ha llevado a la AUGC a convocar para el próximo 14 de noviembre una gran manifestación de guardias civiles en Madrid, una auténtica Marea de Tricornios, que dará a conocer a toda la sociedad la precariedad sociolaboral que padecen los trabajadores de la institución más valorada por los españoles", han recordado.

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