España es el tercer país con peor regulación de los lobbies de toda la Unión Europea, según el índice de Transparencia Internacional, que suspende a 19 Estados y que denuncia que con elaborar una lista de grupos de influencia o de presión, no es suficiente.

Según explica la organización en un comunicado, la fortaleza del Estado frente a los lobbies y la transparencia en la relación de sus instituciones con estos grupos de presión es uno de los mayores retos de toda la Unión Europea y debe ser prioridad y tema en la agenda política de cara a las elecciones generales en España.

Su indicador, aplicado en 19 países de la UE, calcula el grado de fortaleza de un Estado frente a sus lobbies analizando el nivel de transparencia, la integridad de las instituciones y la igualdad de acceso a las mismas. Concede a España un 21%, lo que le sitúa en el tercer puesto por la cola sólo por delante de Chipre (14%) y Hungría (14%).

Estos tres "factores clave" analizados sirven, según la ONG, para "aclarar quién influye, cuándo influye, cómo influye, si el lobby es profesional y ético y si todos los grupos de interés similares tienen las posibilidades de influir", premisas con las que España logra un puesto muy "mejorable".

"La regulación nacional del lobby es una de las grandes asignaturas pendientes de la legislatura. Las diferentes propuestas y resoluciones en el Congreso han terminado con un insuficiente registro de lobistas, situando a la cámara de representación de la soberanía nacional por detrás de otras iniciativas locales y autonómicas", afirma Transparencia Internacional.

En este sentido, pone como ejemplos la ley de transparencia y acceso a la información de la Generalitat de Cataluña, aprobada en diciembre de 2014, que "sí aborda la regulación de los grupos de interés" abarcando a gobiernos locales, universidades y entidades públicas; y la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, que hará públicas las agendas de sus concejales para informar de los encuentros que mantienen con lobistas.

La organización incide en que seis de cada diez ciudadanos europeos consideran "que su gobierno está gravemente influenciado por ciertos intereses particulares, o que éstos se han apropiado completamente del gobierno", un sesgo que "perjudica la reputación y la confianza ciudadana hacia las instituciones y erosiona la democracia".

Para el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, "las elecciones generales del 20 de diciembre suponen una fantástica oportunidad para que el debate vuelva a lo más alto de las prioridades políticas" entrando en los programas electorales de los distintos partidos que concurren.

La organización propone la incorporación de una serie de medidas "maestras" que guíen los compromisos sobre este asunto de cara a lograr una regulación eficaz: crear un registro de lobistas que sea útil para monitorear la influencia, publicar las agendas de los representantes públicos y la huella legislativa de cada una de las reuniones que han mantenido, promover códigos de conducta, impulsar comités de expertos y asesores que no incluyan a los propios lobistas y controlar las puertas giratorias.