El Gobierno de Zaragoza mantiene su pretensión de proteger totalmente la antigua factoría de Averly, para lo que tratará de alcanzar un acuerdo con la propiedad de la fundición y con el Gobierno de Aragón una vez conocida la sentencia que desestima la paralización cautelar de los derribos en la parte no catalogada.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pedía la supresión de la exigencia de la caución de un millón de euros por posibles perjuicios en la paralización cautelar de los derribos en la antigua factoría de Averly.

Este miércoles, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado el expediente de suspensión del Plan Especial de Averly, lo que supone que dicho plan siga en tramitación porque "no hemos encontrado causa legal para poder pararlo", según ha indicado en rueda de prensa al término de la reunión el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz.

En este sentido, ha insistido en que no se ha paralizado la suspensión de la licencia de derribo "ni lo van a hacer" porque el gobierno municipal seguirá defendiendo su posición e impidiendo su derribo en la parte en la que la fundición no está protegida.

Muñoz ha emplazado a conocer las indicaciones de la asesoría jurídica sobre este asunto y a conocer la decisión aún pendiente sobre la catalogación del conjunto, ya que en la actualidad está protegido el 35%.

Por su parte, los grupos municipales de PP y PSOE han pedido que se cumpla la legalidad sobre esta factoría, al igual que Ciudadanos, mientras que CHA ha aplaudido la decisión de esperar.

El concejal popular Pedro Navarro ha mostrado su preocupación por que Muñoz haya dicho en la Comisión que iba a "rescatar Averly" y se ha preguntado "de dónde va a sacar el dinero para pagarle a la promotora inmobiliaria una indemnización que superaría los 10 millones de euros".Zaragoza no puede estar al margen de la legalidad

El PP ha exigido "que se cumpla la sentencia de Averly" porque Zaragoza "no puede estar al margen de la legalidad vigente", y que se "reactive el Plan Especial de forma inmediata" porque a esta formación "le molesta que no se cumpla la ley", ha dicho.

Ha insistido en que el Plan Especial "no está en el aire sino que está aprobado y permite una serie de actuaciones", y ha recordado que el Tribunal Supremo "ha dado la razón al promotor y ha avalado la decisión que ya tomó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón".

En este mismo sentido, la concejal socialista Lola Ranera ha exigido que se respete "la legalidad" y que el gobierno municipal sea "cuidadoso" para que "su osadía no cueste dinero a los ciudadanos de Zaragoza".

"Existe un Plan Especial, existen derechos de los propietarios y un PGOU aprobado por unanimidad", ha recordado, así como una resolución del Gobierno de Aragón que ha catalogado y protege parte de ese espacio, un asunto que le "preocupa", ha recalcado, porque no quiere que las "posibles indemnizaciones" de esos derechos para "rescatar" Averly, las paguen los ciudadanos.

Por Ciudadanos, Alberto Casañal, ha calificado de "precipitado" que se haya retirado el expediente de suspensión y ha insistido en que su partido estará "siempre del lado de la ley".

"Hay un espacio protegido y el resto no", ha recordado, por lo que "hay que seguir adelante con la sentencia y esperar los informes técnicos del Ayuntamiento" para ver las posibilidades, ha incidido.

Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha indicado que la sentencia del Supremo obliga a pedir informes a la asesoría jurídica, por lo que es necesario esperar.

Asensio ha recordado que su partido votó en contra en 2014 del Plan Especial de Averly porque para CHA se trata de un conjunto de interés patrimonial.