La pretensión del PSOE de que España sea un Estado laico irrita a la Conferencia Episcopal

La propuesta del PSOE de suprimir la religión del currículum educativo o restar presencia a los símbolos religiosos en las instituciones para avanzar hacia un Estado laico ha causado irritación en la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha considerado estas medidas impropias de "un partido serio".

El borrador del programa electoral de los socialistas prevé un conjunto de medidas dirigidas a consolidar el carácter laico del Estado, entre ellas, eliminar la referencia a la Iglesia Católica en la Carta Magna y revisar el Concordato con la Santa Sede.

El secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, ha opinado que quitar la Religión del horario escolar es "una incursión en ámbitos radicales" en busca de votos, que tiene "un resabio de otros tiempos" y que no es propio de "un partido serio" como el PSOE.

En declaraciones, Gil Tamayo ha alegado que el hecho religioso está "plenamente normalizado" en la sociedad española, a lo que se unen el derecho constitucional de los padres a optar por la enseñanza de Religión para sus hijos y los acuerdos firmados por España y la Santa Sede.

Sánchez ha replicado que la oferta electoral de los socialistas "no va en contra" de la Iglesia, sino de avanzar para que España sea un Estado laico, siguiendo el modelo de países como Francia.

"La prioridad política de mi generación, entre otras, será reformar el Estado y convertirlo en laico. No significa ir contra la religión. No soy un radical que ponga en cuestión la creencia de nadie", ha argumentado el líder socialista en declaraciones a "Los desayunos de TVE".

La propuesta del PSOE incluye el "sometimiento" de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones, así como en los actos institucionales.

Las tomas de posesión se harían únicamente ante la Constitución, sin presencia de crucifijos; los actos de Estado serían de carácter civil y se conservarían los símbolos religiosos en lugares públicos sólo cuando se trate de espacios destinados al culto o formen parte de un edificio o monumento.

El PSOE también promete reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos sobre los bienes que desde 1998 han sido registrados a nombre de la Iglesia Católica si no se justificó adecuadamente.

Otra de la medidas es suprimir la religión del currículum escolar y apostar por "una escuela pública laica donde no quepa la integración, ni en el currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que la oferta electoral de su partido supone que la religión "se pueda dar en horario extraescolar", tanto en los centros públicos como privados.

"Se trata de sacar la religión del currículum y que no cuente como cuentan las matemáticas, la lengua o la literatura", ha subrayado el diputado socialista.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado al PSOE de hacer siempre promesas relativas a la Iglesia o la religión "cuando sabe que va a perder las elecciones", mientras cuando gobierna no las lleva a cabo.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha recordado que la religión es materia "de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria", y entiende que es un "buen sistema que ha funcionado".

También ha defendido que la religión forma parte de la cultura y la historia de España "y no hay que avergonzarse de esto".

Su supresión de la oferta educativa ha causado también malestar en organizaciones del sector.

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha hablado de un "ataque gravísimo" al derecho constitucional para elegir que sus hijos reciban formación religiosa y moral.

"Es una absoluta falta de respeto hacia la libertad religiosa de los españoles", ha señalado esta confederación en un comunicado, en el que recuerda que el artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.

Para la organización Escuelas Católicas, la medida supone "atentar" contra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para los hijos y "atacar" a la enseñanza concertada católica, además de convertir la enseñanza en un "campo de batalla política".