El TSJC imputa a Mas por la consulta soberanista del 9N en pleno debate sobre su reelección
El presidente en funciones comparecerá ante el juez el próximo 15 de octubre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta soberanista del 9N, dos días después de que su candidatura ganara las elecciones catalanas y en pleno debate sobre los reparos de la CUP a facilitar su reelección.
Mas comparecerá ante el juez el próximo 15 de octubre, según lo previsto en la sede del TSJC, para ser interrogado por la querella que la Fiscalía presentó en su contra por los delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
Dos días antes que Mas declararán como imputadas la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consellera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, también investigadas a raíz de la querella de la Fiscalía.
La Generalitat, a través de su vicepresidenta, Neus Munté, ha calificado la imputación como un "juicio político" promovido desde instancias del Estado, lo que, en su opinión, representa una "anomalía democrática".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ve sin embargo "lógico y razonable" que los tribunales sigan con sus trámites y ha dicho que cree que la imputación de Mas no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas.
Mas, Ortega y Rigau han sido citados como imputados después que su defensa solicitara, en plena campaña electoral, que el magistrado del TSJC suspendiera las nuevas diligencias y testificales que la Fiscalía había propuesto sobre el 9N hasta que ellos no tuvieran ocasión de declarar en sede judicial.
La imputación de Mas, tan sólo dos días después de que su candidatura de Junts pel Sí ganara las elecciones catalanas del 27S y se quedara a seis escaños de la mayoría absoluta, ha sido notificada cuando el presidente catalán veía cuestionada su reelección debido a las objeciones de la CUP a apoyarle en la investidura.
Esa misma mañana, el portavoz de las CUP, Antonio Baños, insistía en que su formación no va a dar los votos necesarios para que Mas sea reelegido. Una vez que ha trascendido su imputación, la CUP ha advertido de que la "desobediencia vivida el 9N" será "una práctica habitual de ahora en adelante por parte de las instituciones catalanas".
Por su parte, el portavoz de CDC, Pere Macías, ha apuntado que detrás de la citación de Mas figura una persecución política para descabalgar al ganador de las elecciones del 27S, mientras que el coordinador general, Josep Rull, ha subrayado que su imputación afecta "a la dignidad de todo un país".
También ERC se ha solidarizado con Mas y ha advertido sobre la politización de la Justicia, mientras que las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural han mostrado su apoyo al presidente en funciones y han anunciado que buscarán la respuesta "más adecuada", sin más concreciones.
La coincidencia de fechas de la declaración de Mas y la conmemoración del 75 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys ha sido interpretada por el independentismo como una provocación del Estado, y a través de las redes sociales ya se están convocando concentraciones de apoyo a las puertas del Palacio de Justicia.
La declaración como imputado de Mas se producirá nueve meses después de que el TSJC admitiera a trámite la querella de la Fiscalía y una vez transcurridas las elecciones municipales del pasado mes de mayo y las catalanas del pasado domingo.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido de que cualquier ciudadano está sometido al Estado de derecho, mientras que el líder parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, ha instado a Mas a renunciar a la investidura, ya que le considera "deslegitimado" tras su imputación.
Desde el PSC, la secretaria de organización, Assumpta Escarp, ha asegurado que la imputación de Mas es un "error" y "no ayuda" al diálogo, la negociación y el pacto", mientras que la coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, lo ha considerado un "despropósito más del Gobierno del PP".
Los delitos de los que están acusados Mas, Ortega y Rigau conllevan individualmente penas de hasta un año de prisión y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.
