Aprobada la ley que permite conocer la lista de morosos

Dar datos falsos en declaraciones tributarias se penaliza con 150 euros, no hacer los trámites por medio electrónico, con 250 euros.

El Congreso ha aprobado el miércoles, de forma definitiva, la reforma de la ley General Tributaria que refuerza la lucha contra el fraude y permite publicar la lista de deudores con la Hacienda pública, en concreto aquellos que deben más de un millón de euros.


El proyecto de ley ha contado con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición que ha criticado, en especial, que la reforma no posibilite que se conozca el nombre de quienes se acogieron a la denominada 'amnistía fiscal' en 2012.


El diputado socialista Pedro Saura ha acusado al Gobierno de negarse también a publicar la lista de los defraudadores por delito fiscal o por sanciones administrativas.


El diputado del PP Fernando López Amor ha calificado de "muy progresiva" la publicidad de los morosos con la Hacienda pública, que se hace, ha dicho, con carácter "excepcional" ya que sólo se podrán publicar los nombres de los morosos cuya deuda sea superior al millón de euros una vez concluido el plazo de pago voluntario, y sin incluir a quienes tengan deudas aplazadas o suspendidas.


La primera lista de deudores estará disponible a final de año y, posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará una lista con aquellos que estén en dicha circunstancia a 31 de diciembre del año previo.


López Amor ha asegurado que el proyecto que se presenta ante la Cámara busca establecer la disciplina fiscal, recuperar la recaudación tributaria, potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias.


En el turno de la oposición, el diputado de UPyD Rafael Calduch ha dicho ver con "estupor" que las enmiendas incorporadas en el Senado no mejoran el texto, sino que lo empeoran y ha expresado su sorpresa porque se sancione con 150 euros dar datos falsos en las declaraciones tributarias mientras que se penalice más, hasta 250 euros, por no hacer los trámites por medio electrónico.


"Nos oponemos, porque no queremos pasar de ciudadanos a siervos fiscales" ha dicho Calduch.


El diputado de Izquierda Plural José Luis Centella ha dicho que el proyecto de ley aprobado es una "ocasión perdida" que no resuelve los problemas básicos del sistema tributario.


Por el grupo parlamentario catalán, el diputado Antoni Picó ha asegurado que la reforma aprobada limita los derechos de los contribuyentes y da un papel "desproporcionado" a la Administración tributaria.


Entre las enmiendas incorporadas en el Senado y que han recibido el visto bueno de la Cámara, gracias a la mayoría del PP, está la que establece sanciones de 250 euros para quien presente autoliquidaciones, declaraciones u otros documentos con transcendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando haya obligación de hacerlo por dichos medios.


No obstante, el texto mantiene que, si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, la sanción consistirá en una multa de 150 euros.


La otra enmienda aprobada autoriza a la Agencia Tributaria a recuperar ayudas del Estado que afecten al ámbito tributario en cualquier supuesto en que resulte procedente exigir su reintegro.


Además, el proyecto de ley amplía las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos.


También regula el procedimiento para liquidar administrativamente deudas tributarias, aún cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito fiscal y fija un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.


La ley introduce una nueva infracción tributaria grave, que denomina 'norma antiabuso', con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales.


Además, se aprueban medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad, promoviendo el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento.


Con el fin de reducir la conflictividad, se amplia la capacidad de los órganos de la Administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante.


La reforma de la ley se suma a la reciente aprobación por las Cortes del proyecto de ley que regula la publicidad de determinada información contenida en sentencias dictadas sobre fraude fiscal.

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