Artur Mas no quería pero tendrá que hacerlo. No entraba en sus planes explicar la financiación de Convergència, pero la extraña comparecencia que él mismo había forzado en el Parlamento de Cataluña para explicar una vez más las razones por las que ha convocado las elecciones del 27 de septiembre, una excusa para dar un mitin institucional, se convertirá en un interrogatorio de la oposición sobre las comisiones del 3% que presuntamente ha cobrado su partido durante años.

La idea de Mas era convertir el debate en el Parlamento catalán del miércoles en el primer gran acto de inicio de la campaña para cargar contra el Estado español y justificar su apuesta soberanista. Pero después de que la Guardia Civil irrumpiera el viernes en la sede de Convergència, en la de su fundación y en cuatro municipios gobernados por los nacionalistas, Mas se verá interpelado por la mayoría de los grupos de la Cámara por las sospechas de financiación ilegal que se ciernen sobre CDC y el que era el asunto estrella del día, el proceso hacia la independencia, quedará relegado a un segundo plano.

Es el efecto bumerán de una comparecencia, que la oposición criticó con dureza porque entendía que se había diseñado como un acto de propaganda -el PP incluso anunció incluso que no acudiría-, pero que ahora esperan como agua de mayo para intentar sacar los colores a Mas y denunciar la maniobra de distracción que, a su juicio, es la candiatura unitaria de los secesionistas en Juntos por el Sí.

PSC, PP, Iniciativa y Ciudadanos reclamaron este lunes en la Cámara catalana que el presidente catalán dé explicaciones en sede parlamentaria sobre las comsiones del 3%, ya sea a través de una ampliación del orden del día del miércoles o mediante una comparecencia específica. Convergència descartó ambas posibilidades, pero aceptó que Mas "dará cuenta de todo lo que se le pregunte". La estrategia del presidente catalán tendrá por tanto un efecto contrario al buscado a raíz de la operación policial.

El plan de Juntos por el Sí era focalizar la campaña únicamente en la cuestión independentista para polarizar las posiciones y darle un carácter plebiscitario a las elecciones. Pero las sospechas de corrupción han destrozado ese mensaje y ha obligado al independentismo a colocarse a la defensiva. Mas y el número uno de la lista, Raül Romeva, querían marcar la agenda y de momento han perdido la iniciativa, han tenido que rehacer sus discursos y corren el riesgo de transmitir una imagen no muy cohesionada.

Y es que, la reacción a las acusaciones por parte de los distintos miembros de la candidatura secesionista no está siendo para nada unitaria. En un primer momento sí hubo cierre de filas, pero a poco aparecen las fisuras, que está por ver si responden a los viejos recelos que vuelven a aflorar o a una estrategia para no dar la impresión de que están dispuestos a transigir lo que sea con tal de lograr un Estado propio.Voces críticas

El primero que marcó distancias fue Oriol Junqueras, quien el sábado pidió hechos a Mas que demuestren su compromiso en la lucha por la corrupción. Las intervenciones del líder de Esquerra se mirarán el miércoles con lupa. Más aún teniendo en cuenta que la actitud de ese partido en la comisión Pujol minó las relaciones con CDC y también por el hecho de que la operación que efectuó el viernes la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía partió de una denuncia de hace años de Esquerra y PSC en el ayuntamiento tarraconense de de Torredembarra.

Este lunes se unieron a las voces críticas dentro del soberanismo Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, y el cabeza de lista de Juntos por el Sí. Sánchez reclamó explicaciones a Mas porque la ciudadanía exige limpieza. Según el líder de la Asamblea, el proceso independentista ayudará a borrar las rémoras del pasado. Raül Romeva, al que los independentistas habían reservado el papel del candidato que no tiene que responder por los asuntos de sus socios, pidió al presidente catalán y número cuatro de su lista, claridad y transparencia, y confió en que dé las explicaciones que haga falta.

Convergència, entretanto, siguió erre que erre y acusó a la Policía de organizar un "espectáculo mediático".

"Fue un montaje público para influir en el proceso electoral", afirmó Josep Rull, número dos de Convergència. Criticó que lo que la Guardia Civil se llevó de la sede de la formación fue documentación política y de estrategia de campaña y no pruebas contables.

Sin embargo, lo que va trascendiendo de la operación desmiente sus palabras. Los investigadores se incautaron de una carpeta que contenía referencias de contrataciones a Teyco, la empresa constructora que se sospecha pagaba comisiones del 3% a cambio de ganar concursos de obra pública. Una parte de esos documentos aparecieron además en una máquina trituradora de papel.