Miles de personas se han manifestado por las calles de Bilbao, convocadas por los familiares y amigos de los presos de ETA, para pedir la puesta en libertad de los 11 reclusos que se encuentran gravemente enfermos.

La manifestación, cuya vigilancia ha sido ordenada por la Audiencia Nacional a las fuerzas de seguridad, se ha desarrollado sin ningún incidente bajo una discreta presencia de la Ertzaintza en las inmediaciones del recorrido.

El acto, que ha tenido lugar en el día grande de las fiestas de Bilbao, ha contado con el apoyo de organizaciones como Sortu, EH Bildu, el sindicato LAB y la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, algunos de cuyos dirigentes han participado en la marcha, como el presidente de Sortu, Hasier Arraiz.

Al término de la manifestación, ante el Ayuntamiento de la capital vizcaína, familiares de presos de ETA han leído un comunicado en el que han subrayado que los Gobiernos de España y Francia "vulneran de manera sistemática los derechos humanos" ya que mantener recluidos a quienes están gravemente enfermos es "jugar con la vida" de esas personas y supone un proceder "ilegal".

Han abierto la marcha familiares y amigos de los presos que portaban carteles y una pancarta con el lema de la convocatoria: "Necesitamos a los presos enfermos en casa", escrito en euskera, junto a una imagen de una ambulancia.

Durante el recorrido, entre la plaza Moyúa y el consistorio, los manifestantes han coreado gritos a favor de la "amnistía" y de que los presos sean trasladados "a casa".

En declaraciones a los periodistas, Jone Artola, hermana de un preso de ETA, ha explicado que hay 11 reclusos con enfermedades graves y ha señalado que mantenerlos en prisión supone "conculcar el derecho fundamental a la salud".

El presidente de Sortu ha dicho que su presencia en el acto obedece a que la "exigencia" para que los presos de ETA gravemente enfermos sean "inmediatamente puestos en libertad" es una "cuestión de derechos humanos" y ha afirmado que "hay que acabar con una política penitenciaria basada en la venganza".

Al final de la manifestación, dos familiares de presos han leído un texto en el que han subrayado que los reclusos enfermos sufren la política de dispersión de manera "más cruel" ya que "les aleja de su entorno familiar y social e impide el acceso normalizado a sus médicos de confianza".

Han considerado que "el sufrimiento" de estos presos y de sus familiares "se puede y se debe evitar" y han añadido que "no hay nada que justifique" que los Gobiernos español y francés no solucionen este asunto de forma "urgente".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había ordenado a las fuerzas de seguridad que vigilasen la manifestación por si se produjera un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En un auto, el magistrado rechazó la petición de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) de prohibir la marcha, aunque ordenó a las policías nacional y autonómica y a la Guardia Civil que procediesen "al pertinente control y seguimiento del acto".

El magistrado pidió a las fuerzas seguridad que adoptasen las medidas necesarias para evitar que en la manifestación se realizasen actos que pudieran ser "constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, o descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares".