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El Gobierno prevé liberalizar el transporte de pasajeros por ferrocarril en esta legislatura

La situación es la de adecuar la orden ministerial de licitación al dictamen del Consejo de Estado.

El subsecretario de Estado del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, durante su comparencia en la Comisión de Presupuestos
El subsecretario de Estado del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, durante su comparencia en la Comisión de Presupuestos
Efe

El Gobierno tiene previsto sacar el concurso de licitación de la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril en esta legislatura, confirmó este miércoles el Subsecretario de Fomento, Mario Garcés.

Garcés, en un encuentro con periodistas tras finalizar su participación en la Comisión de Fomento del Congreso, señaló que el dictamen del Consejo de Estado es "muy favorable", y añadió que para septiembre estaremos preparados para la licitación".

En este momento la situación es la de adecuar la orden ministerial de licitación al dictamen del Consejo de Estado, e indicó que "no ha habido ningún problema", tan sólo se ha solicitado que "adelantemos" como va a ser el pliego de la licitación y las cláusulas que debe llevar el mismo.

Fomento anunció el año pasado su intención de proceder a la liberalización de la explotación de la línea de pasajeros de alta velocidad entre Madrid y Levante, que se otorgaría a un único operador por un plazo de siete años.

El acuerdo presentado por el Consejo de Ministros en el mes de junio del año pasado se ha ido retrasando, ya que en un principio se planteaba que el pliego de licitación estuviese publicado a finales de 2014 o en el primer trimestre de 2015.

A la posibilidad de esta explotación en competencia con Renfe, han mostrado su interés empresas como ACS, Ferrovial, Globalia y Alsa, entre otras.

Esta primera liberalización se llevaría a cabo a modo de prueba, y el primer operador que sería competencia de Renfe en esa línea podría comenzar a transportar pasajeros a partir de 2016.

La actuación del Gobierno se inscribe dentro de la norma dictada por la Unión Europea de que en un plazo máximo de hasta el año 2019, los ferrocarriles de los países miembros de la UE deben permitir la entrada de competidores privados.

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