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El equipo de Ada Colau pospone hasta octubre la decisión sobre retirar la foto del Rey Felipe VI

El primer teniente de alcalde ha recordado que el salón de plenos no cumplía el reglamento ya que no había ninguna imagen del actual monarca.

Miembros del consistorio retiran el busto del Rey.
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El equipo de gobierno municipal en Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau al frente, ha acordado posponer hasta el pleno del próximo 2 de octubre cualquier decisión sobre si van a poner una imagen del rey Felipe VI en el salón de plenos, medida que consultarán con todos los grupos municipales.

Así lo ha anunciado hoy a Efe el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello, que ha asegurado que el equipo de BComú, que dirige el ayuntamiento de Barcelona desde las elecciones del pasado 24 de mayo, tiene "convicciones republicanas", lo que les llevó a retirar el busto del rey Juan Carlos I del Salón de plenos el pasado 23 de julio.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, envió la semana pasada un requerimiento a Colau para que, de acuerdo con la normativa vigente, colocara en un plazo máximo de un mes una efigie del rey Felipe VI "en un lugar preferente del salón de sesiones".

El primer teniente de alcalde ha recordado este martes que el salón de plenos no cumplía el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, de 1986, ya que no había ninguna imagen del actual monarca, que asumió la jefatura de Estado en junio de 2014.

Pisarello, que esta semana ejerce como alcalde en funciones, ha asegurado que hasta el pleno convocado para el próximo 2 de octubre no tomarán ninguna decisión al respecto.

"Hablaremos con el resto de fuerzas políticas para ver de qué manera se tiene que aplicar la legislación vigente sobre la materia", ha indicado.

El equipo de Colau retiró el busto de Juan Carlos I del salón de plenos y consideró que había una "sobrerepresentación de la simbología monárquica" en el Ayuntamiento.

En el escrito enviado el pasado 27 de julio por Llanos de Luna a Colau, la delegada del Gobierno le apremiaba a que certificara antes de un mes que el consistorio había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento al reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

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