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El Juzgado de Huesca rechaza el conflicto de Cataluña por los bienes de Sijena en litigio

Según la juez, la Generalitat no tiene competencias para decidir sobre la propiedad de los bienes.

Algunas de las piezas que deberán de ser devueltas a Villanueva de Sijena.
Algunas de las piezas pertenecientes a Villanueva de Sijena.
Álvaro Calvo

La titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de Huesca, Carmen Aznar, ha rechazado el conflicto de competencias planteado por Cataluña contra la sentencia que ordenaba la devolución de los bienes histórico-artísticos del Monasterio de Sijena.

En su auto, hecho público este jueves, la juez argumenta que el conflicto planteado por la Generalitat tiene como "único objeto" dilatar la orden de ejecución de la sentencia "sin ningún motivo que lo justifique".

La sentencia declaró nulas las tres operaciones de venta a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de un centenar de piezas procedentes del cenobio, que la juez, en fase de ejecución, ordenó devolver a ambas instituciones catalanas antes del próximo 25 de septiembre.

La juez, que ha remitido el asunto a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, considera que no hay conflicto competencial alguno ya que la sentencia impugnada por esta vía se deriva de un pleito civil relativo a la propiedad de unos bienes, como consecuencia de unas operaciones de compraventa "nulas de pleno derecho".

Considera equivocado el argumento de la Generalitat al plantear que la sentencia entra en conflicto con sus atribuciones en materia de patrimonio cultural. Descarta, además, que la resolución del Constitucional bajo la que se ampara Cataluña no se limita a dirimir un conflicto de competencias al rechazar el derecho de retracto sobre los referidos bienes planteado desde Aragón, sino que advierte que el objeto de la sentencia no es valorar a quien corresponde la propiedad.

La juez considera "evidente" que la Generalitat no tiene competencias ni para decidir sobre la propiedad de unos bienes ni sobre la ejecución de las sentencias, y recuerda que la utilización de esta vía para este tipo de conflictos ha sido rechazada de forma reiterada por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo.

"Si no se ejecutasen las sentencias en sus propios términos -añade-, las decisiones judiciales y derechos que en ellos se reconocen no serían más que declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna". En su auto, la instructora cita el informe aportado a la causa por la Fiscalía de Huesca, para quien el conflicto planteado sólo tiene como finalidad cuestionar el fallo judicial y evitar su cumplimiento o dilatarlo en el tiempo.

En su resolución, la juez advierte que la Sala de Conflictos tiene la potestad de imponer multas a las administraciones por promover un conflicto de jurisdicción "con manifiesta temeridad o mala fe, o para obstaculizar la norma de funcionamiento de la administración de justicia. La juez rechaza, por otra parte, el secuestro judicial de las piezas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, planteado tanto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena como por el Gobierno aragonés.

El letrado del referido consistorio, Jorge Español, ha anunciado su decisión de recurrir en este único extremo el auto judicial. En un comunicado, Español valora el contenido de la resolución al entender que evidencia que las administraciones públicas no pueden plantear conflictos de jurisdicción para dejar "en sus manos" el proceso de ejecución de una sentencia, ya que se convertirían así en "juez y parte".

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