El Parlament aprueba que no haya "responsabilidad política" por la quiebra de Spanair

CiU, PSC y ERC defienden la operación y la gestión de la Generalitat de Cataluña.

La comisión de investigación sobre Spanair concluye que no habrá responsabilidades políticas.
La comisión de investigación sobre Spanair concluye que no habrá responsabilidades políticas.
Efe

El Parlament ha aprobado este martes con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV-EUiA y el voto en contra de PP y C's las conclusiones de la comisión de investigación sobre Spanair en las que se establece que no tienen que haber "responsabilidades políticas" por la quiebra de la aerolínea.


"La comisión considera que el hecho de que la operación en concreto no tuviera éxito no tiene que comportar la exigencia de ninguna responsabilidad política: se creyó que el proyecto era viable", afirma el texto de las conclusiones.


Spanair fue adquirida por un grupo de inversores catalanes al grupo SAS, y pese a las importantes inyecciones de dinero público que se hicieron con el objetivo de convertirla en la compañía de bandera del Aeropuerto de El Prat, acabó quebrando.


El primer gobierno que impulsó la operación fue el tripartito de izquierdas, mientras que el gobierno posterior de CiU siguió con las inyecciones de capital durante un tiempo, lo que explica las conclusiones se hayan aprobado con los votos de PSC, ERC y los nacionalistas.


La diputada del PSC Alícia Romero ha afirmado que la inversión pública era necesaria para que el aeropuerto fuera más "competitivo" y ha considerado que, aunque la operación no se saldara con éxito, no fue porque las administraciones actuaran de forma incorrecta.


Antoni Fernández Teixidó (CDC) ha expuesto que, al llegar a la Generalitat, el gobierno de CiU vio que era una operación controvertida, pero la sostuvo durante un tiempo con nuevas inyecciones de dinero público "por responsabilidad política".

Teresa Vallverdú (ERC) ha defendido que la operación era necesaria porque el Estado apostó porque Iberia dejara de operar en El Prat y solo lo hiciera su filial de bajo coste, buscando así que el aeropuerto catalán se convirtiera en un centro de "bajo coste" sin vuelos transoceánicos.


Las conclusiones aprobadas defienden la inyección de dinero público a Spanair, acusan a Aena de favorecer el aeropuerto de Madrid-Barajas, y sostiene que Iberia ha recibido a lo largo de su historia "ayudas de hasta 2.000 millones de euros".Críticas a la gestión

El diputado del PP José Antonio Coto ha criticado que toda la gestión pública y privada de la aerolínea fue una chapuza, y ha acusado a PSC, CiU y ERC de establecer "una ley del silencio propia de Sicilia" con unas conclusiones que no piden responsabilidades a nadie.


Inés Arrimadas (C's) ha lamentado que "fue una quiebra previsible y evitable que costó mucho dinero a los catalanes", y ha recordado que mientras los tribunales han reprobado la gestión que se ha hecho, el Parlament rechaza hacerlo.


Aunque ICV-EUiA formaba parte del gobierno que impulsó la operación, este martes se han abstenido en la votación, y David Companyon ha criticado que tanto la burguesía catalana como la clase dirigente "flojearon a la hora de la verdad".


La comisión de investigación concluye que la compañía quebró no porque no fuera viable, sino por la "incertidumbre provocada por una denuncia sobre posibles ayudas del Estado", una denuncia que posteriormente fue archivada.

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