Agentes de la Policía Nacional han detenido a 29 personas en una operación desarrollada en dos fases sucesivas contra el fraude a la Seguridad Social.

Entre los detenidos se encuentran empresarios, supuestos trabajadores y una abogada encargada de gestionar las 16 empresas investigadas, 10 de ellas ficticias. Además, otras 19 personas permanecen imputadas en estos hechos. Se calcula que el fraude total alcanzado arroja una cifra próxima a los 100.000 euros.

La operación policial es resultado de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, la Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Zaragoza, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza.

Empresas declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado año a partir de dos informes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza en los que declaraba dos empresas de telecomunicaciones de la ciudad ficticias. Al parecer, los socios de sendas mercantiles (tres hermanos de origen senegalés) habrían formalizado contratos de trabajo ficticios, es decir, sin prestación de servicio alguno, con el único propósito de obtener en unos casos la renovación de permisos de trabajo y en otros el reconocimiento de prestaciones por desempleo.

Los tres hermanos figuraban en una tercera empresa que también estaba siendo investigada en ese momento por la Inspección. Las tres empresas en cuestión tenían en común que eran gestionadas a través del Sistema de Remisión de Electrónica de Datos (RED) por una misma persona, una abogada de Zaragoza.

Tras diversas gestiones, se determinó la existencia de connivencia entre las empresas y la abogada autorizada en RED para simular relaciones laborales con la única finalidad de conseguir renovaciones de permisos de residencia y trabajo así como autorizaciones de residencia y trabajo iniciales para aquellos extranjeros que se hallaban en situación irregular en España y, en otros casos, para el acceso en fraude de ley a distintas prestaciones económicas de las administraciones españolas, como por ejemplo, prestaciones por desempleo.

Dos fases sucesivas entre los meses de enero y junio

En una primera fase de la operación desarrollada entre los meses de enero y marzo de este año, se localizaron y detuvieron un total de 17 supuestos trabajadores de estas tres empresas, imputando a otros 13 por delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental.

Posteriormente, en una segunda fase que se ha desarrollado desde abril hasta finales de junio de este año, se investigaron otras trece empresas que eran gestionadas por la misma abogada que las tres que dieron inicio a las actuaciones, encontrando irregularidades en siete de ellas, mediante las cuales se había regularizado a ciudadanos extranjeros y obtenido prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En esta fase resultaron detenidas 12 personas, quedando imputadas además otras 6 por los mismos delitos.

Varias de estas personas que resultaron detenidas manifestaron en sus declaraciones no tener conocimiento de las altas ficticias que se les imputaban, derivando la responsabilidad de las mismas a la abogada de sus empresas, dándose el caso, por ejemplo, de que alguno de estos imputados se encontraba de viaje en el extranjero mientras se tramitó el alta fraudulenta en la Seguridad Social; otros manifestaron que lo habían hecho como favor personal a la letrada, ya que ésta se lo había solicitado.

Entre 400 y 5.000 euros a cambio de un permiso de residencia y trabajo

Algunos de los supuestos trabajadores han declarado haber pagado a la trama ciertas cantidades económicas que oscilan entre los 400 euros por un contrato y mes de alta en la Seguridad Social, hasta 5.000 euros por la tramitación completa necesaria para acceder a la regularización de la situación administrativa de un extranjero en España. Incluso una de las contratadas manifiesta haber trabajado gratis durante un año como parte del pago convenido de 4.000 euros para acceder al alta en la empresa y poder así conseguir un permiso de residencia y trabajo.

Como consecuencia de estas actividades fraudulentas, 12 personas han accedido a sendas prestaciones por desempleo, y en un caso a una renta activa de inserción, por un valor total de 40.812 euros. Además, este grupo de empresas mantiene una deuda con la Seguridad Social de 30.264 euros, que les ha impuesto sanciones que suman 25.000 euros. Así, contabilizadas todas estas cantidades, el fraude total alcanzado arroja una cifra próxima a los 100.000 euros. En lo referente a los permisos de residencia y trabajo se han solicitado un total de 22 autorizaciones de residencia y trabajo en España o sus renovaciones, de los que 17 han sido concedidos. Se han iniciado los trámites para la extinción de los mismos por parte de la Oficina Única de Extranjeros dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.