Rector de Complutense nombrará "inmediatamente" instructor del caso Monedero

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, nombrará "inmediatamente" al "juez instructor" que se encargará de decidir si el profesor y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero incumplió las normas de la institución al ejercer de consultor para gobiernos latinoamericanos.

Andradas explica que él mismo deberá decidir quién es ese instructor -obligatoriamente, un profesor; y probablemente, de Derecho- encargado de analizar el caso, tras haber concluido el proceso previo de "información reservada" que la Complutense abrió en el pasado mes de enero.

Entonces, el antiguo rector José Carrillo decidió estudiar lo ocurrido tras la publicación de noticias que apuntaban que el profesor de Ciencias Políticas ingresó a finales de 2013 un total de 425.150 euros por sus trabajos de asesoría, para los cuales debería haber solicitado permiso a la universidad.

El máximo responsable de la mayor universidad de España por número de estudiantes explica, tras una primera fase en la que se dio audiencia a todas las partes, que este "instructor" elaborará el expediente definitivo para llegar "al fondo del asunto".

En la fase de información reservada anterior han dado explicaciones el propio Monedero y el personal docente para hacer las comprobaciones y saber si había existido algún tipo de permiso.

Ahora, lo que deberá decidir este juez instructor es, "esencialmente", si se han incumplido o no las normas legales en este caso.

En caso de que se hayan saltado, hará una propuesta de "cómo actuar", lo que podría conllevar una sanción económica y/o administrativa, en caso de que se haya "saltado algún procedimiento".

Según el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que rige la colaboración con otras entidades o personas físicas, cuando un profesor funcionario a tiempo completo de la Universidad -como es el caso de Monedero- quiere llevar a cabo un trabajo de investigación externo tiene que someterse a un proceso de autorización que además define "los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos" obtenidos con la colaboración.

Por ello, el responsable del expediente deberá dilucidar si existió o no autorización para la realización de las asesorías.