El extesorero y exsenador del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha asegurado hoy que se acoge a su "derecho constitucional a no declarar" ni "responder preguntas" en su comparecencia por videoconferencia en la comisión del Parlament que investiga el fraude fiscal y la corrupción.

Bárcenas ha iniciado su intervención mostrándose "encantado de colaborar" con la comisión, pero ha recordado que ésta se "circunscribe al ámbito de la política catalana", además de que "se evalúa la corrupción relacionada con la política", sobre lo que él no tiene "absolutamente nada que aportar", ya que no está imputado "en ninguno de esos tipos penales".

Asimismo, sobre posibles delitos fiscales, ha recordado que tiene una "causa pendiente de juicio oral" y no puede hacer declaraciones al respecto: "No quiero ser descortés, pero en el sentido de que interesa a mi defensa, no voy a realizar ningún tipo de declaración ni responder a ninguna pregunta, me voy a acoger al derecho constitucional a guardar silencio", ha señalado.

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas ha recalcado este lunes que en ningún momento ha coordinado su defensa con el partido: "No hay en absoluto concertación entre el PP y yo". Bárcenas se ha referido al mensaje de texto que se publicó que le había enviado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurando que siempre es fuerte, "con SMS y sin SMS".

Al preguntársele por dicho mensaje, ha ironizado: "El SMS responde a un momento puntual y se es fuerte siempre, con SMS y sin SMS".

En su declaración en la comisión del fraude y las prácticas de corrupción política del Parlament, ha dicho: "No he coordinado ninguna defensa. Mi defensa es mi defensa. Mi defensa está por encima de cualquier coordinación".

Pese a repetir en numerosas ocasiones que no iba a declarar para salvaguardar su derecho de defensa, sí ha asegurado: "Los ingresos que yo he tenido no guardan ninguna relación con la corrupción política; son fruto de mis ingresos profesionales, lo quieran creer o no".

Sobre corrupción política, ha indicado que sus imputaciones son por delito fiscal y no por corrupción, y ha asegurado que el gerente del PP no es un cargo político ni tiene capacidad de influencia política, "que es imprescindible para intervenir en este tipo de actividades ilegales".