Dimiten dos consejeros del gobierno madrileño tras su imputación en el caso Púnica

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, han comunicado su intención de dimitir.

El pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco les citó a declarar como imputados por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica.

Así lo ha comunicado Figar en un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, donde ha explicado que no quiere "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". "No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento", ha añadido la hasta ahora consejera.

La consejera también va a dejar su cargo como secretaria de Comunicación en el PP de Madrid, si bien ha recordado que hace "mucho tiempo" que ella no ejerce de portavoz en el partido --lo lleva haciendo desde hace tiempo el vicesecretario general, Bartolomé González--. Figar ha trasladado esta decisión tanto al presidente de la Comunidad, Ignacio González, como a la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, y a la ganadora de las elecciones autonómicas, Cristina Cifuentes.

Su decisión de abandonar la política hace dos meses, como ha señalado, no tiene que ver con está circunstancia. Lo pensó hace años, aunque lo haya comentado hace unos meses, ha explicado. También destaca que la sensación que tiene es que sus jefes y sus compañeros no tienen duda de su inocencia y limpieza de las actuaciones.

En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.

Fuentes del departamento de Lucía Figar explicaban hace dos días que la Consejería está colaborando con el juez desde hace meses, cuando se remitieron "los expedientes completos de los contratos" afectados, de unos 1.900 euros mensuales, "y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención", apuntaban.Renuncia de Victoria

Salvador Victoria, ha comunicado al presidente regional, Ignacio González, su intención de dimitir para que su permanencia en el cargo no pudiera ser un impedimento para la configuración de un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Según se ha informado en un comunicado, Salvador Victoria igualmente ha presentado su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta tras conocerse su imputación.

La investigación dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.

La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.

El hasta ahora consejero de Presidencia ha reiterado su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa y de los que ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero.

Victoria ha reiterado la falsedad de todos estos hechos que le han causado "un inmenso daño personal y familiar", según recalca el comunicado remitido.

Al margen de estas circunstancias, Salvador Victoria ya anunció el pasado 9 de abril su intención de abandonar de manera temporal la política por motivos estrictamente familiares y personales, tras más de doce años vinculado al gobierno de la Comunidad de Madrid a través de diferentes puestos de responsabilidad.

El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otras administraciones.