El PP rechaza castigar a cargos políticos por financiación ilegal

La oposición exige que las penas se extiendan a los partidos y "no solo a quien pasaba por allí".

El PP ha rechazado en el pleno del Congreso que se castigue a los representantes de los partidos políticos cuando exista financiación ilegal, pese a las críticas de la oposición que ha exigido que el reproche penal se extienda a los partidos "y no solo se castigue al que pasaba por allí".


En el debate de la toma en consideración de una proposición de Ley del PSOE de reforma del Código Penal relacionada con los delitos de corrupción, que se votará el jueves, los populares han presumido de sus medidas aprobadas recientemente por las Cortes, pese a las denuncias de la oposición que las han considerado "insuficientes".


Ante un hemiciclo casi vacío, el popular Pedro González de la Serna ha tachado la iniciativa socialista de "extemporánea" y "salpicón de enmiendas", al recordar que el Código Penal fue aprobado el pasado 26 de marzo con la incorporación de "numerosas medidas" de lucha contra la corrupción y la inclusión del delito de financiación ilegal de partidos.


Sobre este asunto, ha reprochado al PSOE que reclame incluir en el texto penas para los representantes de los partidos. "¿Dónde queda el principio de culpa, de que responda el que ha cometido el daño?", ha subrayado.


"Con esta enmienda, ¿en qué lugar hubieran quedado Almunia, González, Cháves o Griñán?", ha añadido dirigiéndose a la bancada socialista, cuyo diputado Antoni Such ha arremetido contra el PP por "no manifestar ningún interés ni voluntad" para combatir "la delincuencia organizada amparada en los partidos políticos".


Ha puesto como ejemplo el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que "da por acreditada la existencia de una caja B durante 18 años en el seno del los populares". "El PP se encuentra en libertad bajo fianza", ha subrayado en la defensa de su iniciativa, cuya tramitación respaldará toda la oposición parlamentaria.


Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha criticado al PP por no incluir la responsabilidad penal de los partidos en el delito de financiación ilegal "en lugar de que el responsable sea el que pasaba por allí", como también ha exigido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha denunciado que este asunto es una "tradición moderna" de algunos partidos que, sin embargo, se ha quedado sin resolver.


"Nos hemos quedado con asignaturas pendientes", ha destacado Jordi Jané (CiU) que ha puesto como ejemplo que el nuevo Código Penal no tipifica el enriquecimiento injusto de funcionarios públicos, aunque también ha señalado que para combatir la corrupción hace falta algo más que leyes, como ha sostenido también la diputada del BNG Olaia Fernández.


Menos crítico ha sido Aitor Esteban (PNV) quien ha tildado la iniciativa de "deja vu" puesto que este tema "ha quedado zanjado por la mayoría unilateral del PP".


Entre otros aspectos, los socialistas proponen bajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral del delito fiscal y ampliar de 5 a 10 años su plazo de prescripción, castigar hasta con un máximo de 6 años de cárcel las donaciones ilegales a partidos políticos, cuando lo defraudado sea superior a 50.000 euros, y tipificar el enriquecimiento injusto de funcionarios públicos.