Los robos con fuerza en las explotaciones agrarias serán penados hasta con cinco años

La reforma del Código Penal publicada en el Boletín Oficial del Estado este martes trae como novedad, además de la prisión permanente revisable o la tipificación de nuevos delitos en internet, un endurecimiento de las penas para los hurtos y robos producidos en el ámbito rural, y de forma más concreta, en las explotaciones agrarias y ganaderas.

A partir del 1 de julio, cuando entre en vigor el nuevo Código, los hurtos (cuyo límite se eleva de los 400 a los 500 euros) pasarán a registrarse como delitos leves, contando además con una serie de condicionantes que podrían elevar las penas de prisión de uno a tres años “cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas”, según recoge la modificación del texto, que además también aplica el mismo baremos a butroneros, hurtos de cable de cobre o eléctrico y a los multirreincidentes.

Además, los robos con fuerza, que seguirán penados con uno a tres años como norma general, se elevarán de dos a cinco si también se producen en las mismas circunstancias. Es decir, habrá más posibilidades que tras denunciarse un robo con fuerza en las cosas, los cacos acaben en prisión, al sobrepasar la barrera de los dos años.

El texto recoge así algunas de las reclamaciones más importantes que tanto agricultores como ganaderos venían exigiendo después de que el número de robos en el mundo rural se disparara en los últimos años.

Solo en los últimos cinco años se han denunciado más de 5.600 robos en el ámbito rural aragonés. Una cifra que aunque pueda parecer elevada, es tan solo la punta del iceberg, según señalan los afectados. “La gente como norma general tendía a no denunciar porque muchas veces es más el destrozo que te hacen al entrar que lo que se llevan, y si no justificas un importe, el asunto queda cerrado como un hurto menor”, explica José María Simón, presidente de la plataforma Stop Robos de Épila, quien señala que este mismo martes había vuelto a reforzar la puerta de su casa después de que en lo que va de año ya le hayan intentado entrar a robar en dos ocasiones.

Más allá de las explotaciones agrarias, para el caso de los hurtos en hogares, establecimientos u otros entornos, la norma también prevé un agravante del hurto o el robo con fuerza en el caso de que se produzcan desperfectos “de especial consideración”, medida que junto con las anteriores busca, según el preámbulo del texto, “ofrecer respuesta al grave problema que plantean actualmente los delitos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas”, ya que “se trata de infracciones cometidas en explotaciones en las que difícilmente es posible adoptar medidas eficaces de protección, circunstancia que es aprovechada para la comisión de estos delitos”.

Otra novedad importante es la agravación del delito de receptación, es decir, la compra de bienes robados. Desde las organizaciones agrarias se mantiene que los hurtos y robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compra-ventas ilícitas que se realizan de los productos sustraídos, por lo que se consideran positivas todas estas medidas, que no obstante, “deberían venir acompañadas de una mayor dotación a los Cuerpos de Seguridad del Estado”, según señala también Fernando Luna, presidente de Asaja-Huesca.