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Libertad bajo fianza para siete anarquistas que podrían haber colaborado en el ataque al Pilar

El juez considera que tienen "arraigo suficiente" y que "no se aprecia que un alto riesgo de fuga".

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad bajo fianza de 3.000 euros a siete de los 11 anarquistas que fueron detenidos el pasado 16 de diciembre en Barcelona y Madrid en el marco de la denominada 'operación Pandora', y que podrían haber colaborado en el atentado contra El Pilar.

Así consta en varios autos dictados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en los que el magistrado señala que los arrestados tienen "arraigo suficiente" y que "no se aprecia un alto riesgo de fuga".

Del mismo modo, el juez señala que la investigación "ha llegado a un punto en el que es difícilmente imaginable la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba y tampoco parece que pueda reiterar la comisión de conductas delictivas que, en todo caso, se pueden prevenir tanto con la amenaza de su reingreso en prisión provisional como con otras medidas adicionales".

Los arrestados eran siete mujeres y cuatro hombres, de entre 31 y 36 años, y de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca. Ocho de las detenciones tuvieron lugar en Barcelona, una en Manresa, una en Sabadell y otra en Madrid, en colaboración con la Guardia Civil.Varios delitos

Gómez Bermúdez acordó el pasado 18 de diciembre el ingreso en prisión incondicional para siete de los 11 detenidos tras atribuirles indiciariamente los delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista en relación con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista.

El juez vinculó a los arrestados con los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) y aseguró en un auto que "de la investigación se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional".

También ordenó comparecencias semanales para los otros cuatro arrestados y la fijación de su domicilio. A uno de ellos, además, le imputó la comisión de un delito de falsificación de documento oficial.

La resolución citaba un informe policial que apuntaba a que los GAC llevan a cabo una estrategia "para desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública". Añadía que el colectivo constituye un grupo de encuentro "de grupos violentos con fines terroristas".

Actuaciones violentas

"Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la policía y agrediendo a todo aquel que les haga frente, imposibilitando la convivencia normal de los ciudadanos a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública", agrega.

En los registros efectuados se localizaron documentos internos de los GAC en un ordenador personal, entre ellos actas de reuniones y boletines internos. Los miembros del grupo se comunicaban entre ellos mediante correos electrónicos en los que extremaban las medidas de seguridad.

También se encontraron archivos sobre el funcionamiento de paquetes bomba, 287 ejemplares del manual 'Contra la Democracia', machetes, puños americanos, navajas de doble filo, bolas de golf y bengalas de barco y mano, además de otros elementos pirotécnicos e "instrumentos usados habitualmente para confeccionar artilugios explosivos".

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