Sindicatos policiales piden armas no letales y cobertura jurídica para su uso
Ven "justa" su propuesta de adquisición de esos medios, "adecuada" a la labor que desarrollan.
Tres sindicatos policiales -SUP, CEP y SPP- han pedido al director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, que dote a los agentes de armas no letales para la reducción de delincuentes violentos, con la cobertura jurídica correspondiente para su uso.
En una carta, estas organizaciones ven "justa" su propuesta de adquisición de esos medios, "adecuada" a la labor que desarrollan los agentes y "leal para con unos servidores que entregan su vida generosamente en defensa de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos españoles".
De este modo, recuerdan a Cosidó la peligrosidad del trabajo de los policías, sujeto además a "variables de la condición humana que conllevan la muerte, la auténtica ausencia para siempre de compañeros o, en el mejor de los casos, lesiones y secuelas que arrastrarán de por vida".
Una petición que los sindicatos han realizado semanas después de que un agente muriera arrollado por el tren al ser arrastrado y arrojado a las vías por un hombre al que trataba de identificar en la estación de Cercanías de Embajadores, en Madrid.
Mientras se consigue la partida presupuestaria, se elaboran los correspondientes estudios y se desarrollan los expedientes de compra de material, los sindicatos piden que se aproveche este tiempo para acordar las normas jurídicas que den cobertura y amparo al policía que use esas armas no letales.
Con ello se evitaría cualquier represalia jurídica disciplinaria por usarlas.
Recuerdan los sindicatos que el Reglamento de Armas legítima a los funcionarios debidamente autorizados para el uso de estos medios, por lo que consideran una "pena" que sea la propia Dirección General de la Policía "la que restrinja la capacidad de autodefensa de sus integrantes mientras otras administraciones han superado esta cuestión hace años".
"El momento social lo demanda, nuestra seguridad bien merece el cambio normativo, los tristes sucesos acaecidos lo demuestran. ¿Va la Dirección General de la Policía a seguir restringiendo el derecho a la autodefensa de sus funcionarios?", concluye la misiva.
