El Gobierno espera que CiU y ERC pacten la hoja de ruta soberanista pero no pone fecha

El ERC reclamó el lunes que el pacto llegase antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha confiado plenamente este martes en que CiU y ERC acaben de consensuar la hoja de ruta soberanista tras el 9N, pero no ha puesto fecha al acuerdo.


Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, al planteársele que la dirección de ERC reclamó el lunes que el pacto llegase antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

Homs ha dicho que "son los partidos" y no el Govern quienes deben alcanzar este acuerdo, que él es partidario de un consenso amplio, y ha defendido velar por el cumplimiento del pacto de legislatura CiU-ERC de 2012.


El consejero ha pronosticado en varias ocasiones que habrá acuerdo CiU-ERC, y, preguntado sobre si ambos partidos siguen manteniendo discrepancias, ha respondido: "Las divergencias no las sé ver".


Además, ha considerado lógico que CiU y ERC hayan alcanzado un preacuerdo sobre los Presupuestos 2015 porque son "primos hermanos" de las cuentas de 2014 --que ambas fuerzas apoyaron--, y ha recordado que, en lo que compete a su consejeroia --Presidencia--, él mismo dijo el lunes que es partidario de posibilitar la aprobación de las enmiendas que ERC mantiene vivas. Estructuras de Estado

El acuerdo del presidente Artur Mas y el republicano Oriol Junqueras detalla que en los próximos meses se dotará a Cataluña de más estructuras de Estado, y el Govern se compromete a hacer un estudio sobre la viabilidad de una Seguridad Social catalana.


Además, Homs ha lamentado las palabras de la ministra de Trabajo el viernes, cuando Fátima Báñez dijo que el déficit de 3.000 millones para pagar pensiones en Cataluña lo cubren todos los españoles, y defendió el principio de caja única como garantía de continuidad de estas prestaciones.


Según el consejero, Báñez se equivoca apelando al "discurso del miedo" y le ha recordado que son los trabajadores actuales quienes, bajo el principio de la solidaridad, permiten con sus cotizaciones que los pensionistas reciban una prestación, un principio que va a mantenerse con independencia de cómo evolucione el proceso soberanista.