La Guardia Civil imputa a los doce abogados detenidos del denominado "frente de cárceles" de ETA un delito contra Hacienda al no haber declarado al fiscal unos ingresos superiores a los 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013 por asistencia a miembros del colectivo de presos de la banda, el EPPK.

Así lo asegura el Ministerio del Interior en un comunicado en el que da cuenta de la detención en el País Vasco, Navarra y Madrid de esos doce abogados y de cuatro tesoreros de Herrira, la organización de apoyo a los presos de ETA que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial.

Precisamente, Herrira, según las investigaciones, era la que sufragaba los gastos que generaba la asistencia jurídica a los presos de la banda.

Con esta operación de la Guardia Civil, denominada Mate, se ha desarticulado también el entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados, el BL.

Además, según el Ministerio del Interior, con ella se da por prácticamente desaparecida la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del "frente de cárceles".