Uber estudia apelar la decisión judicial que ordena el cese de su actividad en España

La aplicación Uber, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa para desplazamientos, está evaluando una apelación a la "repentina e inusual" decisión del juez de lo Mercantil número 2 de Madrid, que ha ordenado este martes la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del sistema.

"Se trata de un procedimiento judicial comercial altamente inusual y una decisión cautelar presentada contra nosotros y requerida por una asociación de taxis de Madrid", afirma la aplicación en un comunicado.

Uber recalca que numerosos organismos de competencia de la Unión Europea han solicitado una desregulación total del sector del taxi, que actualmente actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad tanto para los consumidores como para la economía.

"Uber continuará cumpliendo con la legislación española y actualmente está evaluando una apelación a este repentino e inusual procedimiento", insiste la compañía.

Por otro lado, defiende que uberPOP es su solución "innovadora" que permite a los ciudadanos compartir los costes de su vehículo con otros particulares, ofreciendo viajes cercanos, seguros y eficientes, y asegura seguirá estando disponible para su comunidad de usuarios en España.

En este sentido, Uber incide en que dar la opción de mover a más personas con menos coches es "positivo" para el medio ambiente y para las ciudades.

"Este fallo es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada", justifica.

El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acordado estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.

El juez explica que acepta la medida, ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

En la resolución, aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".