Los fiscales de Barcelona piden reabrir todas las denuncias archivadas del 9N

Han hallado indicios de delito. Se presentaron más de una treintena de denuncias.

Los fiscales de Barcelona pedirán, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se reabran todas las denuncias archivadas por juzgados de instrucción de la provincia sobre el proceso participativo de 9N, al hallar indicios de delito, han informado fuentes jurídicas.


Los representantes de la Fiscalía Provincial de Barcelona aprecian la existencia de indicios de delito en relación con la celebración del 9N, por lo que pedirán que se reabran las denuncias archivadas en la demarcación de Barcelona, donde partidos políticos, plataformas y particulares presentaron una treintena de escritos en los juzgados territoriales en contra de la consulta.


Según las mismas fuentes, la intención de la fiscalía de Barcelona es que cuando se abran diligencias por estas denuncias -porque así lo acepte el propio juez o porque lo ordene la Audiencia de Barcelona-, y también en los casos en los que los juzgados territoriales se inhibieron, las causas se acaben elevando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).


En una breve comparecencia ante los medios, en la que no ha aceptado preguntas, la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ha remarcado que la actuación de los fiscales provinciales de Barcelona se ha limitado, en relación a las denuncias por el 9N, en interesar su admisión a trámite, aunque fuentes judiciales han ido más allá y han asegurado que también pedirán que se reabran las que se han archivado, como en los juzgados de Mollet del Valles e Igualada.


Magaldi ha recordado, además, que los fiscales provinciales rechazaron el 9N que se adoptaran las medidas cautelares solicitadas en las denuncias contra la consulta, como por ejemplo la retirada de las urnas.


Según Magaldi, la actuación de los fiscales provinciales de Barcelona en relación con el 9N se basa en un informe que, "conforme al principio de unidad de actuación", recibió la "aprobación expresa" de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Fiscalía General del Estado.


La fiscal jefe de Barcelona, visiblemente indignada, ha confirmado el "malestar" reinante entre los fiscales de la provincia por el hecho de que en la prensa se haya utilizado el término "fiscales catalanes", para referirse a los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña, que se han posicionado unánimemente contra la querella al gobierno catalán por el 9N, como si representaran a todo el colectivo.


En relación con la querella por el 9N, Magaldi ha precisado que la Fiscalía Superior de Cataluña ha adoptado las decisiones que ha considerado oportunas "en el marco de sus competencias", que a ella no le corresponde "en absoluto" valorar.


"El resto de los más de 389 fiscales que ejercemos en Cataluña, en fiscalías provinciales, no hemos adoptado ninguna posición respecto a la querella, por la sencilla razón que ni nos corresponde ni nos compete, ya que es competencia exclusiva de la Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía General del Estado", ha exclamado.


En este sentido, la fiscal jefa de Barcelona ha confirmado que ayer celebró de urgencia una junta de coordinación de fiscales de Barcelona, a instancia de 13 miembros de la cúpula provincial, para mostrar su malestar por las informaciones que han generado una "apariencia de actitud insurreccional de carácter generalizado" en la fiscalía catalana, "que en absoluto se corresponden a la verdad".


No obstante, tras la junta del jueves no se entregó ningún comunicado, como era la pretensión inicial, porque se consideró que no era el momento oportuno, dado que se estaba celebrando una Junta de Fiscales en la Fiscalía General del Estado, en la que se avaló la presentación de la querella contra Mas por el 9N.


Magaldi, que ha rechazado la petición de los periodistas de que también hiciera una valoración en catalán, ha subrayado que no le corresponde a ella "apoyar o criticar" las posiciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, dentro del marco de sus competencias, por lo que considera que obedece a una "interpretación malintencionada" que se sostenga que con su posicionamiento público se desmarca de los fiscales del TSJC.