En año electoral, rebaja de impuestos. En este caso, en el tramo autonómico del IRPF. El Gobierno de Rudi aprobó ayer una bajada fiscal que afectará a prácticamente toda la población aragonesa (será progresiva) y que supondrá una reducción de la cuota autonómica de hasta el 16,7% (250 euros) en las rentas más bajas. A esta reforma habrá que sumar la reducción anunciada por el Gobierno central para el otro 50% de la cuota. En total, esta medida supondrá que las arcas autonómicas dejen de ingresar 25 millones de euros el próximo ejercicio que como explicó el consejero de Hacienda, Javier Campoy, estarán "en los bolsillos" de los ciudadanos.

El Consejo de Gobierno ratificó ayer el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que incluye como iniciativa estrella esta rebaja fiscal que se aplicará por primera vez en 20 años de competencia autonómica. Esta reforma incluirá nuevos tramos fiscales en la base líquida (el salario menos todas las deducciones) con el objetivo de lograr que este impuesto sea más progresivo. De esta forma, se pasará de cuatro tramos a cinco de base líquida.

Las rentas iguales o inferiores a 12.450 euros reducirán su tributación en un 16,7%. Su tipo aplicable pasará del 12% al 10%. En esta horquilla de renta se sitúa el 41,59% de los contribuyentes aragoneses (266.048). A las rentas entre 12.450 y 20.200 (el 25,6% de los ciudadanos) se les aplicará un tipo del 12,50% frente al 12% y 14% actual; a las de entre 20.200 y 35.200, un 15,50% frente al 18,5% actual. Las rentas inferiores a 60.000 y superiores a 34.000 euros tendrán un tipo del 19% frente al 21,5% actual. Las bases líquidas superiores a 60.000 euros tributarán un 21,5% como hasta ahora (ver ejemplos en el cuadro anexo).

El consejero de Hacienda, Javier Campoy, defendió que esta rebaja "necesaria, ilusionante y ambiciosa" beneficiará a las clases bajas y medias y tendrá "un efecto revitalizador". De hecho, la vendió como "el combustible necesario para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo". Además, recordó que Aragón es una de las dos comunidades, junto a Madrid, que no ha subido nunca el tramo autonómico del IRPF por lo que advirtió que se convierte en una de las que "menos carga impositiva" registra.

Pero mientras el Gobierno de Rudi impulsa una rebaja del IRPF incumplirá uno de sus compromisos de esta legislatura: suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal y como pactó con el PAR en el acuerdo de gobernabilidad. Pero no solo no incumplirán esta promesa, sino que tampoco llegarán al objetivo de seguir ampliando la bonificación hasta el 70-75% que plantearon este verano.

Deducción del 65% en Sucesiones

Como ya adelantó este periódico, la necesidad de seguir recaudando ha llevado a los socios de gobierno a incluir en la ley de medidas una previsión más moderada de la pensada en un principio. En 2015, la bonificación se incrementará del 50% actual al 65%. "Le hemos dado muchas vueltas y hemos preferido bajar los impuestos a todos los aragoneses", justificó Campoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario. Y es que este impuesto es de los pocos que siguen tirando de los ingresos autonómicos. El pasado mes de agosto, la recaudación, 117 millones, estaba un 20% por encima del mismo periodo del año anterior. Ante estas cifras, el Ejecutivo no está dispuesto a eliminar esta ‘gasolina’ que tan bien viene a las arcas.

Eso sí, se ha introducido una modificación que permitirá que esta exención llegue a más contribuyentes. Ahora, podrán aplicarse el mismo trato fiscal los descendientes del cónyuge fallecido cuando hereden del viudo de este. Con esta medida, se pretende dar respuesta a una realidad relativamente frecuente, en la que las personas viudas dejan sus bienes a los hijos de su pareja fallecida. Hasta ahora, estos descendientes no tenían acceso a la ventaja fiscal. En el caso de las donaciones, se elimina también el requisito que hasta ahora regía y que obligaba a realizar escritura pública para poder acogerse al beneficio fiscal. El objetivo es ahorrar los costes notariales.

Entre las medidas de este proyecto ley destaca también la congelación de tasas administrativas, es decir, las que se abonan por permisos como caza y pesca, derechos de exámenes, certificados administrativos... También se refuerzan las obligaciones formales de las compraventas de oro y metales preciosos y se modifica la regla de cuantificación de la base imponible en las apuestas para evitar conductas fraudulentas detectadas en el sector del juego.