Los primeros detenidos de la operación Púnica pasan este miércoles a disposición judicial

La red corrupta se podría haber beneficiado en torno a 7 millones de euros en comisiones.

Granados sale custodiado de su domicilio
Los primeros detenidos de la operación Púnica pasan este miércoles a disposición judicial

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene previsto comenzar a tomar declaración al medio centenar de acusados en la Operación Púnica, una trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios.


La red de corrupción en la que supuestamente está implicado el exdirigente del PP Francisco Granados tejió parte de su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes.


Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.


La trama de corrupción municipal y regional desmantelada en la Operación Púnica, en la que han sido acusados medio centenar de personas, entre ellas una decena de políticos, cobraba en torno a un 3 % de comisión por cada uno de los contratos de adjudicación, cuyo montante ascendió a los 250 millones de euros sólo en los dos últimos años.


De esta forma, la red corrupta se podría haber beneficiado en torno a 7 millones de euros en comisiones.


Además del exconsejero Granados y de los alcaldes madrileños de Parla, Collado Villalba, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y de Serranillos del Valle, así como del presidente de la Diputación de León, en la operación han sido detenidos jefes de gabinete de corporaciones locales, arquitectos, abogados, técnicos municipales y ejecutivos de las empresas implicadas.


Los detenidos han permanecido en dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos y en Las Rozas, en donde se preveía tomarles declaración.