El PP suspende a los militantes detenidos y el PSOE dice que no habrá pacto anticorrupción
Ha visto alejarse el pacto de lucha contra la
corrupción y por la regeneración democrática con el PSOE.
El PP ha reaccionado suspendiendo de militancia y exigiendo dimisiones a sus implicados en la operación Púnica, al mismo tiempo que ha visto alejarse el pacto de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática con el PSOE, que asegura sentirse "engañado" y "utilizado".
La "sorpresa" que a primera hora expresaban algunos dirigentes 'populares' ante la detención del que fuera secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se tornaba poco después en "indignación" ante una nueva trama de corrupción que por el momento se ha saldado con 51 arrestados en Madrid, Valencia, Murcia y León.
Entre los detenidos, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años, figuran también el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y seis alcaldes, entre ellos el socialista de Parla, José María Fraile.
Ha sido el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, el que ha anunciado -en una comparecencia leída- la decisión inédita de retirar el carné del partido a los presuntos corruptos, antes incluso de que se reúna esta tarde el Comité de Derechos y Garantías del PP para formalizarla.
La contundencia de los populares, sin embargo, llega tarde para que el PSOE acceda a escenificar el gran pacto por la regeneración democrática que esta misma mañana defendía a capa y espada el presidente del Congreso, Jesús Posada.
Convencido de que los pactos han sido históricamente algo "excelente" tanto para el PP como para el PSOE, Posada seguía apostando hoy mismo por esa vía, mientras defendía que los corruptos son "una minoría" y que la justicia, aunque sea "lenta", es "implacable".
En esa línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que las detenciones de la operación Púnica ponen de manifiesto que "el Estado de derecho funciona", mientras que el titular de Industria, José Manuel Soria, ha defendido que "la ley tiene que ser aplicada con toda la contundencia sobre quienes sean culpables" de corrupción, si bien ha matizado que antes deberá demostrarse que han delinquido.
Los socialistas, sin embargo, han asegurado que el pacto anticorrupción con el PP ya no es posible: "Ni ha habido, ni hay, ni habrá un acuerdo con la derecha, con el PP y con Rajoy para luchar contra la corrupción", ha anunciado su 'número dos', César Luena, tras acusar a los 'populares' de utilizar ese acuerdo para "esconderse y esconder sus vergüenzas".
El PSOE, que con la elección de su nuevo líder, Pedro Sánchez, había retomado recientemente las negociaciones con el PP que había roto su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, para llegar a un pacto de regeneración democrática, da así por rota la búsqueda del acuerdo, aunque no el "diálogo", según Luena.
"Que no, que no, que no", ha negado tres veces el 'número dos' del PSOE. "¿Cómo vamos a pactar con el PP un acuerdo contra la corrupción si es el partido de la corrupción?", ha planteado, tras explicar que eso no significa "renunciar a tener conversaciones" con el grupo popular para que "acepten" las propuestas de Pedro Sánchez.
La dirección del PSOE, que ya marcó distancias con el PP suspendiendo provisionalmente de militancia a sus afectados por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, ha hecho lo mismo con el alcalde de Parla, José María Fraile.
Desde IU, su coordinador federal, Cayo Lara, ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no puede "esconderse más" de la corrupción y ha dicho que, por el camino que va, el PP va a trasladar su sede de la calle Génova a la Audiencia Nacional.
El portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha reclamado la constitución de una comisión de investigación.
Entretanto, la responsable de análisis político de Podemos, Carolina Bescansa, ha visto la detención de Granados como "un paso más en la escenificación de la caída de un régimen en descomposición".
