El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avisado este jueves de que las "actuaciones de hecho" de la Generalitat para organizar una consulta alternativa el 9 de noviembre "podrían tener tintes de fraude de ley", de manera que el gobierno las estudiará "con todo detalle" y, en su caso, las impugnará ante el Tribunal Constitucional o por la vía contencioso-administrativa. 

"Vamos a estar muy vigilantes para que el resultado final no sea algo equivalente a lo que el Tribunal Constitucional ha suspendido hasta que resuelva el fondo de la cuestión", ha dicho en una entrevista.

Catalá ha recalcado que, en opinión del Gobierno, si el resultado final es "una consulta con urnas, en colegios, con una administración apoyando el proceso" eso estará "fuera de lo que puede llevar a cabo la Generalitat". 

Por eso, ha precisado que el Ejecutivo está analizando la implicación de funcionarios públicos y de autoridades administrativas y el uso de recursos públicos "para un proceso que no tiene marco legal que lo autorice".

"Hay una serie de elementos en los que vamos a seguir trabajando para garantizar que se cumplen las leyes", ha dicho. (Habrá ampliación)