El Gobierno ha solicitado un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la consulta aprobada por el Ejecutivo canario en relación a las prospecciones petrolíferas en sus costas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que se han pedido el dictamen de cara a los oportunos recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno canario acusa por ello al Ejecutivo de Rajoy de intentar "tapar la boca" a los ciudadanos sobre prospecciones. 

Sáenz de Santamaría ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El dictamen solicitado se refiere al decreto aprobado por el ejecutivo canario el 25 de septiembre pasado en el que se da luz verde al reglamento de consultas a la ciudadanía "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades". 

El informe pedido por el Gobierno al Conejo de Estado se refiere también a otro decreto aprobado el 2 de octubre por el gabinete presidido por Paulino Rivero por el que se convoca la consulta ciudadana para el 23 de noviembre. Santamaría ha recalcado que se ha pedido ese dictamen urgente para que sea emitido antes del día 24 de octubre. 

El presidente canario Paulino Rivero anunció el mismo 2 de octubre la pregunta de la consulta que pretende formular a los ciudadanos: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?". 

Rivero lo enmarcó en la Ley de Participación Ciudadana de 2010, cuyo desarrollo se ha impulsado con los citados decretos que regulan el Registro de Participación Ciudadana y las consultas a la ciudadanía en asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma. 

Rivero recordó que en febrero, el Parlamento de Canarias aprobó "mayoritariamente" solicitar al Gobierno central un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, posibilidad que recogen, en su opinión, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de la Cámara regional para asuntos que tienen "gran trascendencia" en las islas, especialmente ahora, cuando hay "serias discrepancias" entre administraciones. 

En esa línea, subrayó el apoyo "unánime" del Consejo Consultivo de las islas, lo que da "fortaleza normativa" a la decisión adoptada por el Ejecutivo regional, y destacó que la "fuerza" del Gobierno viene dada por el "compromiso" de partidos políticos, instituciones y colectivos ciudadanos.Rajoy, a "intentar tapar la boca a los ciudadanos"

Al respecto, el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha acusado este viernes al Ejecutivo de Mariano Rajoy de intentar "tapar la boca" a los ciudadanos del archipiélago. 

Para Ríos "revela un talante profundamente antidemocrático" al considerar que "no se centra en cuestionar aspectos concretos de la pregunta, sino que se recurre la misma convocatoria de consulta", prevista para el 23 de noviembre. 

"Lo que pretende el Gobierno de España es tapar la boca a los canarios y, ante esa actitud, debe saber que los ciudadanos de todas las islas defenderán su derecho a opinar sobre su futuro", subrayó en un comunicado. 

Añadió que el PP "quiere evitar todo" tipo de consultas, "independientemente de su adecuación" a las competencias autonómicas, ya que "tomó la decisión política de recurrir porque no quiere que se realice la consulta", buscando a partir de ahí "excusas jurídicas para enmascarar esa decisión política". 

Por ello, entiende que "no sólo recurre la pregunta sino también los decretos que regulan la consulta". En este sentido, recordó que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales". 

Así, afirmó que la consulta "es un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionado nunca" por el Gobierno central. 

"La consulta no supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo", recordó. 

En cuanto a la pregunta, apuntó que ésta "no es inconstitucional porque no recaba la opinión de la ciudadanía" respecto a las prospecciones autorizadas por el Estado sino al modelo medioambiental y turístico, "competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias". 

Por ello, Ríos está convencido de que el Tribunal Constitucional (TC) confirmará el "pleno ajuste" constitucional de la consulta y pregunta, por lo que cree que "levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal: Los argumentos del Gobierno del PP carecen de base jurídica, suponiendo nada más que una decisión política que persigue evitar que se consulte a los canarios, impidiéndoles que se pronuncien sobre su futuro". 

Finalmente, incidió en que el Gobierno de Canarias "seguirá trabajando como hasta ahora para evitar" las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, subrayando que la vía judicial sigue abierta con la interposición de medidas en contra de la desestimación del requerimiento formulado contra la resolución de la Dirección General de Política Energética del Gobierno central que autorizó las prospecciones a Repsol, una iniciativa del Ejecutivo regional que incluye la petición de suspensión cautelar de la citada resolución.