El Gobierno irá al Constitucional por el "incumplimiento" de Mas
Así lo han decidido ante la reciente firma del decreto de designación de la comisión de consultas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional por el decreto de creación de la junta electoral catalana firmado este jueves por Artur Mas por ser "un incumplimiento" de la suspensión de la consulta.
Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Constitucional que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas el decreto por el que se designaron los miembros de la comisión de control de consultas de Cataluña.
La Abogacía del Estado tiene potestad para ampliar ese recurso sin necesidad de que se reúna el Consejo de Ministros ni de pedir un nuevo informe al Consejo de Estado.
La vicepresidenta del Gobierno ha emplazado al presidente de la Generalitat a manifestar si va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo ayer con la firma "novedosa, sin precedentes" de ese decreto.
"Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan", ha subrayado la vicepresidenta, quien ha indicado que, desde su autonomía, la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.
De hecho, ha planteado que, por "las prevenciones" con las que firmó, se podría pensar que era el propio Mas quien ayer pensaba en que estaba incurriendo en una posible prevaricación.
La vicepresidenta ha prometido que el Gobierno actuará con "la misma firmeza serena" en su obligación de hacer cumplir la ley y ha reiterado que nadie decide "qué ley se cumple y qué ley no se cumple" ni tampoco cómo se cumplen las leyes, pues eso lo determinan los tribunales.
"Nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles", ha declarado la vicepresidenta, quien se ha preguntado qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.
