Un miembro de la Comisión de Control cree que la consulta soberanista es ilegal

Otra catedrática del órgano justifica la consulta en el Artículo 1.1 de la Constitución

 El catedrático Jordi Matas Dalmases, uno de los siete miembros propuestos por los partidos soberanistas catalanes para integrar la Comisión de Control --que debe garantizar que las consultas populares no refrendarias se ajusten a la ley aprobada la semana pasada-- considera que la consulta convocada por la Generalitat es "ilegal" y que su celebración no ofrecería "unas mínimas garantías democráticas". 


Si finalmente el Parlamento catalán confirma la composición pactada de la Comisión de Control, estará compuesta por Jordi Matas Dalmases, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Brugué Torruella, Alfons González Bondia, Miquel Martin Casals, Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar. 


En un artículo de opinión publicado en 'El País' el pasado 22 de septiembre, Matas constata que, en la situación actual, "la única solución es que los catalanes voten" y que "para conseguir la independencia de Cataluña hay que infringir el actual marco jurídico", ya que los partidos favorables a la consulta del 9 de noviembre "ya han hecho todo lo posible para que ésta sea legal y tolerada por el Gobierno español". 


A su juicio, la impugnación por parte del Gobierno de la Ley de Consultas catalana y la inmediata suspensión del Tribunal Constitucional abren dos escenarios: "Desobedecer y realizar de todas formas la consulta o convocar inmediatamente unas elecciones de lectura representativa y plebiscitaria". 


Aunque en ambos casos los catalanes podrían votar, "celebrar una consulta ilegal no seguiría ningún mandato popular" ni ofrecería "unas mínimas garantías democráticas", tanto "procedimentales", como por "la actitud precavida de muchos catalanes ante este desafío", advierte. 


Por eso, propone en su artículo, recogido por Europa Press, unas elecciones "interpretadas en clave plebiscitaria", las cuales "garantizarían una deliberación popular sobre una declaración de independencia mediante un proceso democrático y participativo". 


El catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona indica que "si los representantes políticos optan por la desobediencia y la ruptura con el ordenamiento jurídico español, deben poseer un mandato popular claro, expresado a través del voto, que así lo indique"


Ese mandato popular "ahora no existe", pero "se puede obtener con unas elecciones autonómicas plebiscitarias convocadas por el presidente de la Generalitat", añade Matas, que sugiere que los partidos que así lo deseen incluyan en sus programas electorales el "firme compromiso" de efectuar "una declaración unilateral de independencia". 


Para conseguir el "aval democrático" necesario, considera que la candidatura o la suma de las candidaturas que defendieran esa declaración deberían obtener la mayoría absoluta de votos y escaños.

Artículo 1.1 de la Constitución 

Otra de los miembros de la Comisión de Control es Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz del Colectivo Praga, formado por juristas del mundo académico catalán que apoyan el "derecho a decidir". 


En una entrevista publicada el pasado febrero en la web de la periodista Isabel-Helena Martí --presidenta de una asociación independentista--, Barceló mantiene que el marco legal español permite a los catalanes decidir su futuro político "sin necesidad de reforma constitucional". 


A su modo de ver, quienes propugnan la inconstitucionalidad del derecho a decidir "se basan en afirmaciones no razonadas sobre la base de los principios de soberanía y de unidad", mientras ignoran el artículo 1 de la Carta Magna.


Dicho artículo dice que España es "un Estado social y democrático de Derecho, lo cual implica, en su opinión, "el mantenimiento del respeto a las minorías y a sus derechos constitucionales"


Según la catedrática, ahí se enmarca el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, desarrollado en el artículo 92.


Este establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", pero Barceló interpreta que estas palabras no hacen referencia "exclusivamente a un ente denominado 'pueblo español'"


También ha opinado públicamente sobre la cuestión catalana Alfonso González, profesor de Derecho Internacional Público y miembro del Colectivo Praga, quien en octubre de 2013 publicó un artículo en 'El Periódico de Catalunya' en el que ponía en duda que Cataluña quedase excluida de la UE como Estado independiente


Puesto que "no hay ninguna norma de Derecho Internacional ni de la UE que regule expresamente" las consecuencias de una declaración de independencia en un Estado miembro, "ninguna norma impide que el nuevo Estado se convierta en miembro de la UE sin tener que superar un largo proceso de adhesión", argumenta. 


En cuanto a la posibilidad de que España y otros países vetaran la entrada de Cataluña en la UE, González admite que "una decesión no pactada puede condicionar enormemente la respuesta de la Unión", pero añade que también lo haría "el comportamiento antidemocrático de un Estado miembro que hubiera forzado una declaración unilateral de independencia como única vía posible para implementar la voluntad democrática mayoritaria de los ciudadanos de un territorio". 


Entre los miembros propuestos para la Comisión de Control hay otros dos catedráticos, Miquel Martin (Derecho Civil en la Universidad de Girona) y Joaquim Brugué (Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona). 


Los otros dos candidatos son Marc Marsal, que fue coordinador de asesores de Josep-Lluís Carod-Rovira cuando este era vicepresidente de la Generalitat, y Benet Salellas, que ejerció de abogado de los jóvenes que finalmente fueron absueltos de los delitos calumnias e injurias contra la Corona tras participar en 2007 en una concentración antimonárquica en Girona en la que se quemaron fotos de los Reyes.