Tramitados 916 expedientes de expulsión de inmigrantes

La Policía y los juzgados de Cádiz han tramitado 916 expedientes de expulsión tras la llegada de 1.409 inmigrantes a la costa gaditana entre el 4 y el 12 de agosto, mientras que 543 personas permanecen en diferentes centros de internamiento de extranjeros (CIE) y 546 han sido derivadas a distintas ONG.

Así lo ha informado hoy el diputado popular Leopoldo Barreda en la Diputación Permanente del Congreso, en la que IU y PSOE han solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Empleo y Seguridad Social para que informen sobre la situación creada y las medidas adoptadas tras la llegada masiva de inmigrantes desde principios de agosto.

Tanto el PSOE como IU y UPyD han sostenido que el Gobierno tiene que dar explicaciones ante la "vulneración de derechos fundamentales" de los inmigrantes en las fronteras y han pedido una solución humanitaria, y no solo policial, ante la llegada masiva de subsaharianos.

El diputado del PP ha asegurado que se cumple la ley y ha explicado que entre el 4 y el 12 de agosto llegaron a las costas gaditanas procedentes de Tánger un total de 1.409 inmigrantes en 113 embarcaciones.

Como consecuencia de esa llegada de inmigrantes hasta ayer -25 de agosto- se habían tramitado 916 expedientes de expulsión, según Barreda, que ha precisado que 543 inmigrantes permanecen en diferentes CIE de la península y 546 han sido derivados a ONG.

Por tanto quedarían unas 340 personas en Tarifa, de las que 90 ya han sido o serán trasladadas a CIE de Madrid y Barcelona; 78 han sido o serán entregadas en breve a ONG, y siete han quedado en libertad, previa tramitación del expediente de expulsión y tras comprobar que tienen recursos y familia en España.

De los 168 inmigrantes restantes -de esos 340- ya han sido trasladados a Comisaría para la tramitación del expediente correspondiente 65.

Durante su comparecencia, Barreda ha recordado que recientemente se ha reforzado el número de policías y guardias civiles que hay en Ceuta, Melilla y Cádiz, y en contestación a las críticas vertidas por los otros grupos ha defendido la legalidad de las actuaciones que se llevan a cabo en las fronteras.

"No somos el partido de la demagogia de los papeles para todos", ha dicho el diputado popular, que ha precisado que las denominadas devoluciones en caliente se llevan a cabo desde 2005, ya que lo contrario sería "insostenible".

Ha destacado el trabajo conjunto que se hace con Marruecos y otros países africanos para contener la inmigración ilegal, antes de defender que este asunto no requiere la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno y de los ministros, ya que se trata de un asunto coyuntural.

La diputada socialista Esperança Esteve ha expresado su preocupación por "la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que intentan cruzar la valla" de Melilla y ha preguntado a qué acuerdo se ha llegado con Marruecos, un país que según ha dicho inflige "malos tratos" a los inmigrantes.

En su opinión, la valla de Melilla "se ha convertido en objeto de culto, en un tótem a preservar, en lugar de serlo las personas que tratan de saltarla", y es necesario articular una respuesta humanitaria y no solo policial.

Desde la Izquierda Plural, José Luis Centella ha secundado esta idea y ha considerado necesario "provocar el debate" sobre la masiva llegada a España de inmigrantes irregulares porque no se puede "mirar para otro lado".

"Queremos poner puertas al hambre y a la desesperación" con "una valla de la vergüenza", ha criticado.

Jon Iñarritu (Grupo Mixto) ha secundado esta idea y ha dicho que en fronteras como la de Melilla existe "una zona no legalidad, donde no se aplica la ley".

Ha criticado que en algunos vídeos se ven agresiones de guardias civiles a inmigrantes y ha incidido en que el ministro del Interior debe comparecer de nuevo y decir la verdad, ya que en el caso de los quince inmigrantes muertos en Ceuta en febrero "todo lo que dijo era mentira, salvo alguna cosa".

La diputada de UPyD Rosa Díez ha afirmado que la inmigración ilegal supone "una crisis humanitaria" que no es solo problema de España sino de Europa, y ha recordado que su formación ya pidió en una proposición no de ley que Marruecos "cumpla sus compromisos y sus acuerdos con España y con la UE"

"Porque los que pasan el Estrecho llevan un año en Marruecos, a veces más, y les dejan pasar, e incluso en algunos casos les empujan a entrar en territorio europeo para luego intentar evitar que entren y después solicitar prevendas", ha dicho, afirmando que las autoridades marroquíes llegan a "chantajear a las autoridades europeas y españolas".