El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la justicia universal

El Gobierno tiene 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

Soraya Rodríguez en el Congreso
El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la justicia universal
Efe

 El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la reforma de la justicia universal, aunque no supone su paralización, ha informado el tribunal.


El pasado 12 de junio, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez, presentó el recurso y anunció que cuando el PSOE llegue al Gobierno será de las primera normas que derogue.


En una providencia hecha pública este miércoles, el pleno del Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.


La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en los próximos meses.


La reforma de la justicia universal ha sido contestada por varios jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, que mantienen abiertas sus investigaciones.


Una consecuencia de la reforma ha sido el excarcelamiento de decenas de acusados de narcotráfico al entender que la justicia española no puede ya perseguir delitos de narcotráfico cometidos por ciudadanos extranjeros, en un barco sin bandera o el lugar donde se iba a cometer el delito no era España.


Precisamente este miércoles, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha invalidado por unanimidad las excarcelaciones de 53 narcotraficantes acordadas por la Audiencia Nacional. El alto tribunal considera la decisión de la Audiencia una interpretación errónea de las consecuencias que la reforma de la Justicia Universal podía tener sobre la competencia para esos delitos de las autoridades españolas


La Fiscalía Antidroga recurrió contra la excarcelación de 13 narcotraficantes egipcios y de otro grupo de 8 sirios y ahora el Supremo, en una decisión que afectará no solamente a esos casos concretos sino a otros que han llevado a la Audiencia Nacional a liberar a cerca de cincuenta narcotraficantes, le ha dado la razón.


El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de febrero de 2014, con los votos favorables del Partido Popular y la oposición del resto de grupos políticos, la proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba los casos de la llamada jurisdicción universal en los que pueden intervenir los jueces españoles.


La reforma, que entró en vigor el 15 de marzo, dos días después de ser aprobada en el Senado, establece que los delitos de justicia universal serán perseguibles siempre que los responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.


En su recurso de inconstitucionalidad, el PSOE sostiene que la reforma "vulnera de forma clara y flagrante el derecho a la tutela judicial y muchos artículos de la Constitución", como el que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y el que protege la independencia judicial.


La portavoz socialista aseguró, a las puertas del Constitucional, que la ley "atenta contra los principios de persecución de los delitos más terribles contra la humanidad y genera que la impunidad de los criminales se extienda".


A juicio del PSOE, la reforma llevada a cabo por esta ley ha dejado desprotegidos a los ciudadanos españoles que puedan ser víctimas de los delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra fuera del territorio nacional.