Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sancionar a la empresa con 18,4 millones de euros por la parada de la planta en 2012.

En un comunicado, la empresa ha adelantado que basará el recurso en los argumentos que Nuclenor ya ha defendido durante el proceso administrativo que comenzó el 25 de julio y en el que la CNMC acordó iniciar un expediente sancionador por la parada del reactor de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Nuclenor alegó que la parada que realizó en diciembre de 2012 estaba incluida en sus competencias y que no se requería autorización especial para dicha acción.

Otro de los argumentos consiste en que la parada de la central fue una decisión responsable y la única salida viable a la situación de insolvencia creada por la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Según Nuclenor, la Ley de Energía Nuclear (LEN) es una legislación especial que prevalece sobre la Ley del Sector Eléctrico, que es la que La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toma como base para su sanción.

Según la propietaria de la planta, Nuclenor cumplió con lo exigido en la LEN, comunicando al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y al Consejo de Seguridad Nuclear la parada de la central y el cese de la explotación.

Argumenta también que el cese de la explotación, comunicado por Nuclenor el 28 de diciembre de 2012, cumplía la condición de deberse a "causas imprevistas", contemplada en la autorización vigente en esa fecha.

En este sentido, apunta que la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que establecía el impuesto sobre combustible nuclear gastado, se consideró una causa del todo imprevisible e imprevista, de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

En el escrito se indica que la decisión de Nuclenor de parar la central el 14 de diciembre de 2012 se adoptó para cumplir con sus obligaciones societarias dado el quebranto económico que suponía para la Sociedad y el riesgo de incumplir lo establecido en la LEN, que requiere que el titular cuente con medios económicos-financieros para garantizar la explotación segura.

Desde Nuclenor aseguran que no pararon la planta para ahorrar los 150 millones de impuestos que estiman que habrían tenido que pagar de no parar la planta, sino para salvaguardar el patrimonio de la sociedad y los derechos de los trabajadores, permitiendo mantener una plantilla de más de 600 personas entre empleados de Nuclenor y de empresas colaboradoras.