El juez Ruz envía a prisión a la sobrina de Paesa por crear empresas en paraísos fiscales
Paesa fue detenida en Luxemburgo en una operación contra una organización criminal acusada de fraude.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado este lunes el ingreso en prisión incondicional de la Beatriz García Paesa por la comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
A la abogada, sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, el juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en las Islas Vírgenes británicas, desde las cuales se recibían fondos transferidos de forma fraudulenta.
García Paesa fue detenida en Luxemburgo en la operación de la Guardia Civil contra una organización criminal acusada de defraudar cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola.
El juez relaciona a Beatriz García Paesa con un despacho de abogados luxemburgués que colaboró en el desvío de cantidades millonarias procedentes del contrato angoleño, firmado por una Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por la empresa de venta de armamento Defex, dependiente de la SEPI, y la compañía Cueto.
Altos cargos de ambas empresas crearon una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero. La organización empleaba las empresas radicadas en Luxemburgo y las Islas Vírgenes británicas para realizar transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños y de sociedades relacionadas con los diez detenidos en la operación.
Se da la circunstancia de que el tío de García Paesa, que intermedió en la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, fue localizado por una agencia de detectives en noviembre de 2004 precisamente en Luxemburgo.
El nombre de Paesa apareció, además, en varias ocasiones en las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre la venta ilegal de armas en Angola por parte de miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
