El Gobierno asumirá la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizada la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros públicos o concertados y repercutirá el coste a la autonomía correspondiente, según desarrolla un decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

La norma, que afecta principalmente a Cataluña, regula los procedimientos para compensar a las familias por los gastos en esas circunstancias en la educación obligatoria desde el curso próximo, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Los gastos que se compensan son la matriculación, la escolarización, los servicios complementarios de transporte, comedor e internado y aquellos otros imprescindibles para continuar las enseñanzas, con un límite de 6.057 euros al año, como coste medio de una plaza escolar pública no universitaria.