Doce detenidos por fraude en los cursos de formación
Los arrestos se han realizado en Málaga y Granada y están vinculados a empresarios que cobraron las ayudas públicas
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía realizó hoy las primeras detenciones en la investigación por el supuesto fraude de ayudas públicas para cursos de formación para parados.
La operación se ha saldado, de momento, con 12 detenidos entre Málaga y Granada, aunque posiblemente la cantidad ascenderá en las próximas horas, ya que la Fiscalía pidió la imputación de hasta 25 personas por esta causa.
Los detenidos, a los que se sigue la pista desde hace más de un año, son responsables de las empresas de formación que cobraron ayudas de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2010 por un importe de en torno a 1,7 millones de euros.
La investigación policial del conocido como 'caso Edu', destapado durante la pasada Semana Santa y que motivó incluso la petición de explicaciones desde la Unión Europea por si el fraude correspondía a sus fondos, puso de relieve numerosas irregularidades en la concesión de las ayudas en las ocho provincias andaluzas, tipificados por la Fiscalía como fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, señalando por tanto a los funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgaron las subvenciones.
Ni sindicatos ni patronal están afectados en esta investigación, aunque sí en otras similares por el mal uso dado al dinero público.
Los agentes detectaron en primer lugar la falta de control a la hora de conceder el dinero público.
Los beneficiarios, por su parte, sería empresas 'caza subvenciones', creadas casi 'ex profeso' para captar las ayudas, o entidades sin experiencia que recibían de inicio el grueso de la subvención, el 75%, el 25% se percibía una vez justificada la celebración de los cursos.
La declaración de casi dos centenares de supuestos alumnos permitió descubrir una retahíla de anomalías generalizadas, como el incumplimiento del compromiso de contratación del alumnado, el engorde de facturas, el falseado de los listados de alumnos, la no impartición de los cursos o incluso que éstos estuvieran a cargo de monitores sin cualificación.
La Fiscalía pidió a los jueces de cada provincia que abrieran diligencias a raíz del informe policial tras la negativa de la Audiencia Nacional a asumir la causa de forma única.
La supuesta filtración de una investigación policial que entonces ni siquiera estaba judicializada provocó un rifirrafe entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, al que el Ejecutivo autonómico acusó de dar a conocer los datos de forma interesada y partidista y desmintió que el fraude se elevase a 2.000 millones, como trascendió inicialmente.
La Policía solo pidió a la administración autonómica información sobre 17 expedientes de ayudas de 2010 por un importe de 1,5 millones de euros, según explicó entonces el consejero andaluz de Educación, quien matizó que la propia Junta estaba revisando de oficio todos y cada uno de los expedientes de la última convocatoria.
