La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado  con los votos del PP la reforma legal para incluir entre los aforados al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, además de la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, con el fin de que solo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo.

En concreto, la Comisión ha aprobado dos enmiendas presentadas por PP, UPN y Foro a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya estaba en tramitación parlamentaria, respecto a las que PSOE y CiU se han abstenido, mientras que Izquierda Plural, UPyD y PNV se ha mostrado en contra, y Amaiur se ha negado a participar en la votación.

La iniciativa deberá ser ahora aprobada por los plenos del Congreso y del Senado.

Una de las enmiendas aprobadas explica que, producida la abdicación del rey Juan Carlos, es necesario prever el régimen que debe aplicarse al exjefe del Estado y a su consorte en relación con las actuaciones procesales que les puedan afectar.

Añade que "dicha previsión debe tener en cuenta tanto la dignidad de la figura de quienes han sido Reyes de España como el tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado".

"Similares razones concurren en la necesidad de dotar del adecuado aforamiento ante el Tribunal Supremo de las figuras de la Reina consorte o el consorte de la Reina y de la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte", agrega.

La segunda enmienda establece que los tribunales que estuvieran conociendo de procedimientos contra los nuevos aforados deberían suspender su tramitación y remitirlos inmediatamente al Tribunal Supremo.

El portavoz del PP José Miguel Castillo ha calificado de "oportuno y necesario" el aforamiento del rey Juan Carlos por la "impagable deuda de gratitud" con el que ha sido monarca "de todos los españoles" durante casi cuarenta años e impulsor de la democracia y de la concordia de todos para una convivencia en paz.

Ha aclarado que cuando el Gobierno remita en octubre la reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial se podrá estudiar la situación que corresponde a los casi diez mil aforados que hay en España.

Castillo ha apelado al "sentido de Estado y de responsabilidad" de todos los grupos y ha manifestado su deseo de que la iniciativa hubiera contado con el mayor consenso posible que su grupo ha intentado.

La diputada socialista Meritxell Batet ha censurado el método, las formas y el procedimiento elegidos por el PP para sacar adelante esta regulación, "sin ningún tipo de consenso" y forzando los plazos para debatir hoy unas enmiendas presentadas el viernes.

Batet ha señalado que el PSOE podría compartir el aforamiento de la Familia Real, pero rechaza el procedimiento empleado por el PP porque usurpa la posibilidad de promover en el Congreso el "debate sereno, riguroso y de calado" de una ley orgánica propia para esta cuestión.

En nombre de CiU, Jordi Jané ha lamentado las "prisas" en la tramitación "exprés" de estas enmiendas, que, desde su punto de vista, no hacen ningún favor ni a la monarquía, ni a la Cámara Baja, ni a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El portavoz de IU Gaspar Llamazares ha arremetido contra el aforamiento "extensivo, retroactivo y vitalicio" del Rey, que, en su opinión, supone el "blindaje" de la institución monárquica en España, traslada una imagen de que hay algo que ocultar y hace "un flaco favor" a la democracia en este país.

Para Llamazares, el aforamiento del Rey es el tercer acto "exprés" y "sumarísimo" de la "operación Gatopardo", tras la abdicación y la proclamación, en la que "es necesario que todo cambie para que todo siga igual".

Además, ha alegado la nulidad de esta comisión por incumplimiento de plazos, motivo por el que presentó recurso contra el procedimiento seguido ante la Mesa del Congreso.

La parlamentaria de UPyD Irene Lozano ha rechazado el fuero "plus" del Rey abdicado que, a su juicio, supone "un privilegio evidente" que dura toda la vida y ahonda en "una justicia de excepción", al tiempo que ha defendido la supresión de los aforamientos que alejan a los políticos de la ciudadanía.

Desde el PNV, Emilio Olabarría ha opinado que las prisas en la tramitación de esta modificación están despertando una sombra de sospecha en la ciudadanía sobre si se está hablando de "una figura con un perfil delincuencial".

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha considerado la iniciativa "un auténtico fraude, una chapuza jurídica, un pucherazo y un despropósito total" para blindar "negocios y correrías" del Rey "de las dos caras", que "juró lealtad a Francisco Franco y después se apuntó a ser un demócrata de toda la vida".

Las enmiendas se han introducido al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.