Felipe VI será quien defina el estatus que tendrá su padre

El próximo rey de España, Felipe VI, será quien decida que estatus y tratamiento recibirá su padre, el hasta ahora monarca Juan Carlos I, que seguirá siendo inviolable por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Corresponderá a las Cortes regular su condición ante la Justicia una vez que se haga efectiva su abdicación.

El Congreso de los Diputados inició este martes la tramitación de la ley de abdicación, que permitirá la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España, que se prevé que se celebre el próximo 18 de junio.

Aunque aún no está definitivamente cerrado, ya que dependerá del calendario del Congreso, el Senado y la agenda de la Casa del Rey y del Gobierno, fuentes parlamentarias apuntan a esa fecha como la más probable para que el Príncipe de Asturias se convierta en Felipe VI.

La Mesa del Congreso ha calificado el proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros y ha acordado abrir un plazo hasta el próximo lunes a las ocho de la tarde para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas de devolución, ya que el trámite de lectura única excluye las enmiendas parciales.

El proceso

Según lo acordado en la Junta de Portavoces, el pleno del día 11 comenzará con la intervención de un miembro del Gobierno para defender el proyecto de ley, tras lo que intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, incluidos todos los portavoces del grupo mixto, como ha propuesto el presidente del Congreso, Jesús Posada.

El presidente de la Cámara baja ha insistido a los periodistas en que no es él quien puede adelantar la fecha del acto de proclamación, ya que depende también de la agenda del Senado.

Tras aclarar que aún no ha hablado con el presidente del Senado, Pío García-Escudero, sobre la tramitación del proyecto o sobre fechas, Posada se ha mostrado convencido de que su voluntad será, como la suya, "cumplir el proceso legislativo que le compete".

La intención es que pueda ser aprobado en la Cámara alta el 17 junio.

De momento, y antes de llegar al Senado, la ley, que necesita mayoría absoluta para salir adelante, obtendrá un amplísimo respaldo en el Congreso de más de 300 diputados.

Han anunciado su apoyo el PP, que tiene mayoría absoluta, el PSOE, que no se plantea dar libertad de voto a sus diputados, así como UPyD, Foro Asturias y UPN.

Votos en contra

La Izquierda Plural presentará al proyecto una enmienda de totalidad con texto alternativo, en el que planteará la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado, y ERC y BNG votarán en contra.

El PNV ha anunciado su abstención y CiU no ha tomado aún una decisión definitiva, mientras que los diputados de Amaiur han decidido no participar en la votación y ausentarse del pleno.

La semana siguiente a que se apruebe en el Congreso, el Senado podrá dictaminar y fijar el pleno para dar el visto bueno al proyecto, que entonces ya estará en disposición de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que será efectiva la abdicación de Juan Carlos I.

Así queda establecido en el proyecto de ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria y que señala que su entrada en vigor "determinará, en consecuencia, que la abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la Corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución".

De esta forma, una vez que la ley orgánica sea publicada en el BOE, el Príncipe de Asturias será ya de forma efectiva Felipe VI y podrá acudir al Congreso para su acto de proclamación como Rey de España.

Se espera, en cualquier caso, que sea el mismo día de la publicación en el BOE cuando se celebre su proclamación ante las Cortes Generales.

Un día antes de la proclamación de su hijo está previsto que don Juan Carlos firme la ley orgánica de abdicación en una solemne ceremonia que se celebrará en el Palacio Real.

En el momento en el que Felipe VI sea Rey adquirirá también la condición de Princesa de Asturias y, por lo tanto, heredera de la Corona, su hija mayor, la infanta Leonor.

Del tratamiento que recibirá el rey Juan Carlos I cuando sea efectiva su abdicación se ocupará un real decreto que debe aprobar el Gobierno y que en principio entraría en vigor el mismo día de la publicación de la ley en el BOE.

Según los deseos de la Casa Real

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que el acto de proclamación del Príncipe de Asturias como Rey de España se preparará teniendo en cuenta los "deseos" y la forma de plantearlo de la Casa Real, una vez que se apruebe el proyecto de ley de abdicación.

En cualquier caso, el protocolo se fijará "teniendo en cuenta los deseos y la forma de plantearlo de la Casa Real", ha recalcado para concluir que espera que "todo se haga de la mejor forma" y el miércoles a las dos de la tarde el Congreso pueda tener aprobado el proyecto de ley.

El Gobierno regula la abdicación, sin abordar la nueva ley sucesoria

El Gobierno precisa en el informe de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que esta norma "no es una ley de sucesión" sino que únicamente "se limita a regular la efectividad de la voluntad de abdicar" manifestada por el Rey Juan Carlos.

Así, continúa pendiente de aprobación la ley sobre la Corona que prevé la Constitución. En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que, tras la decisión del Monarca de renunciar al trono y dejarlo en manos del Príncipe de Asturias, era "necesario conciliar el carácter personalísimo de ese acto con la efectividad del mismo a través de una ley orgánica". "Debe señalarse que la presente norma no es una ley de sucesión ni determina el contenido de ésta.

Se limita a fijar la efectividad de la decisión de abdicar del Rey y a partir de ésta el heredero de la Corona adquirirá la condición e Rey por derecho propio, por así prescribirlo el orden de sucesión establecido en el artículo 57 de la Constitución", remarca el Ejecutivo.

Y, abundando en esta idea, deja claro que de la ley orgánica que ha remitido al Congreso que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia "no se deriva, para los llamados a la sucesión, ningún derecho que no tuvieran ya reconocido por el texto fundamental". "En consecuencia, las previsiones constitucionales y el estricto cumplimiento que de ellas se han hecho aseguran la continuidad del ejercicio de la Jefatura del Estado", añade el informe gubernamental.