Anticorrupción pide elevar al Supremo la causa contra Griñán y Chaves por los ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que abra una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y que eleve ya al Tribunal Supremo la pieza separada que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, como son José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados y a los que la juez 'preimputó' el pasado año 2013.
En un escrito elevado este mismo lunes día 31 de marzo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público dice que, atendiendo tanto al auto del pasado mes de diciembre en el que la juez Mercedes Alaya volvía a 'preimputar' a todos ellos como al informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, la Fiscalía "entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".
Por este motivo, "y conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Poder Judicial", el Ministerio Fiscal considera que "se debe de proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa a 'procedimiento específico' al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas" en el auto de diciembre. El dicho auto, la juez volvió a 'preimputar' a todos los aludidos después de que la Audiencia Provincial anulara su primera resolución en este sentido y le ordenara dictar una nueva donde se concretaran y motivaran mejor los hechos que atribuye a los aforados mencionados.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que fue el 19 de enero de 2011 cuando la juez abrió las diligencias relativas al caso ERE y asevera que "el avance de la instrucción ha puesto de manifiesto que el menoscabo de los fondos públicos no se ha restringido a los 'intrusos', sino que realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Empleo a través de su Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas, lo cual ha desembocado" en una serie de hechos "de apariencia delictiva".
Así, cita a los denominados 'intrusos' incluidos en los ERE de empresas donde jamás trabajaron; la "propia ayuda sociolaboral", cuya "no sujeción al procedimiento legalmente establecido ha supuesto la vulneración de los más elementales principios configuradores de la actividad de fomento y prestacional de la Junta, con un importante menoscabo de los fondos públicos y daño en la esfera socioeconómica de la gran mayoría de los extrabajadores afectados", y las ayudas a empresas, caracterizadas por "la arbitrariedad en su concesión y pago" y que habrían permitido "en algunos casos que los fondos públicos terminasen a disposición de los cargos públicos que lo gestionaban o en círculos próximos a los mismos".
También alude, en esta línea, al "enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos, mediadores y agentes que han intervenido en la gestión de las ayudas a través de las denominadas sobrecomisiones, hecho derivado de la falta de control de la cuantificación de las primas de las pólizas de rentas y capital suscritas y que, sistemáticamente, eran abonadas por la Junta sin sujeción a procedimiento alguno".
126 expedientes
Seguidamente, Anticorrupción asevera que, "para tener una idea aproximada de la extensión de la causa", se puede tomar como base el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas que alude a 126 expedientes de ayudas de prejubilación, por los que se han pagado 582.189.272 euros, y 275 expedientes de ayudas a empresas y otros, por los que se abonaron 127.761.211 euros, "superando ampliamente la cantidad de 200 expedientes".
"Una vez expuestos los hechos y atendiendo al estado actual de la instrucción, esta Fiscalía Especial considera necesario y ajustado a derecho proceder a la formación de piezas separadas para enjuiciamiento conforme previene el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", dice la Fiscalía, que argumenta que "la necesidad de la separación en piezas separadas se deduce de la lectura de los hechos que se han recogido atendiendo a la extensión y complejidad de los mismos".
A su juicio, "el elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones que se deriven y la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados justifican la simplificación y activación del procedimiento", a lo que hay que sumar además "lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa".
El 'procedimiento específico'
Por todo ello, la Fiscalía propone a la juez que forme piezas separadas "con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa, salvo conexidad en cuanto a identidad de los sujetos beneficiarios"; otra pieza separada "relativa a determinación, pago y destino de las denominadas sobrecomisiones", y pieza separada "relativa al denominado 'procedimiento específico'" utilizado por la Junta en relación a la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis con cargo al programa 31.L., conocido como 'fondo de reptiles'.
Este 'procedimiento específico', añade, "no ha sido único desde el año 2000" y ha tenido de este modo "tres variantes", como son la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); la suscripción del convenio marco de 17 de julio de 2001 entre Empleo y el IFA, "que requería de convenios particulares para cada ayuda", y, por último, la encomienda de gestión del año 2010.
