Los detenidos en la 'marcha de la dignidad' pasan a disposición judicial

Uno de los abogados del servicio jurídico de asistencia de las Marchas de la Dignidad, Enrique Santiago, ha informado este lunes frente a los Juzgados de Plaza Castilla, donde se han concentrado más de un centenar de personas, de que los detenidos el sábado durante las Marchas de la Dignidad han empezado a pasar a disposición judicial este lunes a partir de las 11.30.

Concretamente, se trata de 21 detenidos mayores de edad, y poco a poco están abandonando los calabozos de la comisaría de Moratalaz caminos de los Juzgados, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los tres arrestados restantes, menores de 18 años, después de ser trasladados al Grupo de Menores de la Policía (Grume) fueron enviados a casa con cargos a la espera de ser juzgados en el Juzgado de Menores.

Enrique Santiago ha señalado que "afortunadamente" creen que "la inmensa mayoría van a poder ser puestos en libertad", aunque parece que hay algún caso que va a "requerir una especial atención", porque se formulan acusaciones "más graves" que según entienden, "no tienen sustento".

El abogado ha indicado que durante todo este lunes estarán informando de la situación de los detenidos, y "en principio", ha dicho, se trata de un proceso que "va a durar bastante".

Según este abogado, "muchos de los detenidos el sábado que han verificado estaban incluso en algunos casos retirándose a sus autobuses para volver a sus lugares de origen".

Verificarán si hubo malos tratos 

Por otra parte, Santiago ha informado de que el servicio jurídico "van a verificar, si tal y como hasta ahora parece, se han cometido malos tratos a los detenidos en las dependencias policiales".

Santiago ha señalado que tienen que confirmarlo, pero "estos malos tratos podrían haber consistido en haber mantenido a los detenidos contra la pared durante horas, sin permitirles beber agua, sin darles la debida alimentación, y sin permitirles ni siquiera acudir al servicio".

En caso de confirmarse, "se trata de un maltrato policial que requiere iniciar acciones penales exigiendo responsabilidades". Santiago ha llamado a la cautela, pero ha declarado que de confirmarse este extremo, se iniciarán las acciones legales oportunas. "Creemos que hay una línea que no se puede traspasar, que es la de los malos tratos a los detenidos", ha sentenciado.

El letrado también ha puesto de manifiesto que, a su juicio, "ha habido una actuación desproporcionada de la Policía", sobre todo "antes de las 21.00", cuando todavía "existían permisos" respecto a la manifestación, ya que "se efectuaron las primeras cargas" en la plaza de Colón, cuando aún no había acabado el acto y allí se encontraban "personas mayores o niños", ha señalado.

"Creemos que eso es una muy mala manera de acabar la manifestación por las fuerzas del orden público, que puede estimular evidentemente los muchos o pocos incidentes que hayan ocurrido luego", ha criticado el abogado de la plataforma.

Consigna de no declarar en comisaría

Todos los detenidos han seguido la consigna de los 30 abogados que había preparado la plataforma del 22-M en caso de incidentes y no han declarado ente la Policía, según han confirmado fuentes de la Jefatura.

Así, en un documento la plataforma instó a los que fueran detenidos a que en comisaría designase "como letrados al 'equipo jurídico Marchas 22M'", una fórmula de designación, aseguraban, coordinada con el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Además, las distintas webs de las coordinadoras del evento recomendaban no declarar en comisaría, sino ante el juez, para tener "más tiempo para preparar mejor la defensa".

Precisamente, hace unas semanas la Brigada Provincial de Información de Madrid presentó una queja formal ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los "constantes comportamientos inadecuados y de escasa profesionalidad" de un "cierto colectivo" de abogados con los agentes encargados de la toma de declaración de los atestados tramitados por esa unidad policial.

La Brigada recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 520, apartado 6, que la asistencia del abogado consistirá en solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de sus derechos y entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiera intervenido.

Y, por último, solicitar de la autoridad judicial o funcionario que hubiese practicado la diligencia en que el abogado haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar.

En respuesta, el Foro de abogados y abogadas de Izquierda-Red de abogados y abogadas demócratas remitió un escrito al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el que denuncian y solicitan su amparo por un escrito policial que calificaron de "gravísimo incidente" al estar dirigido "contra unos compañeros que han actuado en estricto y profesional cumplimiento de sus obligaciones y derechos como letrados".

"Consideramos que este tipo de hechos no pueden entenderse como aislados o casuales, sino que forman parte de una estrategia de criminalización del derecho de manifestación y de protesta social, alentada desde la Delegación del Gobierno de Madrid y desde los Ministerios de Interior y Justicia", señalan en el escrito del ICAM del que se ha hecho eco Izquierda Unida.