Báñez destaca el coste cero de la tarifa plana, frente a las críticas de la oposición

 La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido hoy en el pleno del Congreso de los Diputados que la tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social tendrá un impacto presupuestario "neutral" frente a una oposición que se mostró muy crítica ante esta medida.

El pleno de la Cámara Baja convalidará casi con toda seguridad el real decreto-Ley que incluye la tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social para los nuevos contratos indefinidos, con los votos a favor del PP, dado que el resto de los grupos parlamentarios manifestaron su voto en contra o abstención.

Esta medida, con la que el Gobierno quiere fomentar el empleo y la contratación indefinida, aportará a la economía española 3 décimas de crecimiento durante los años de aplicación de la medida y generará un incremento del empleo del 0,31 %, según la memoria económica de la misma.

Durante su intervención, la ministra de Empleo ha asegurado que la pérdida recaudatoria derivada de la aplicación de la tarifa a los contratos cuya celebración ya estaba prevista se verá compensada por las cotizaciones a la Seguridad Social derivada del nuevo empleo generado gracias a este incentivo.

Asimismo, influirán positivamente en las cuentas los incrementos de ingresos vía IRPF, Impuesto de Sociedades y otros impuestos indirectos, así como por el ahorro obtenido en las prestaciones sociales que los nuevos trabajadores dejarán de percibir.

"Mayor estabilidad del empleo permitirá ingresos adicionales y menores gastos", ha dicho la ministra, quien ha considerado que la medida tendrá un impacto presupuestario "neutral" en las cuentas públicas.

En contra de esta afirmación se ha manifestado la diputada socialista María Concepción Gutiérrez, quien ha asegurado que su coste "no es neutro" ya que, según sus cálculos, con que los empresarios realicen los mismos contratos que el año pasado (cerca de un millón), la Seguridad Social dejará de ingresar entre 5.000 y 7.000 millones de euros.

El grupo socialista se opone a la medida porque "no creará empleo, es regresiva y se olvida de los desempleados", ya que se trata de una "transferencia de recursos de los más débiles -los pensionistas-, a los poderosos", al tiempo que incumple el Estatuto de los Trabajadores.

El diputado de CiU Carles Campuzano considera la medida como parte de una "política de escaparate" y su contenido como "débil", pero ha considerado que "si se crean 20.000 empleos, bienvenidos sean".

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha explicado que la medida, que cuenta con "mínimos impactos positivos" pero también "muchos inconvenientes", busca "maquillar las estadísticas de empleo ante las elecciones europeas".

Por parte de Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha considerado que la medida "se carga el principio de contributividad" y que "malbaratará" los recursos públicos.

Por el grupo mixto, Joan Baldoví ha recordado que "las cuotas a la Seguridad Social no se bonifican, se reducen, por lo que se recauda menos", y eso "lo paga el trabajador y el pensionista", en tanto que la diputada Olaia Fernández ha calificado de "electoralista" la propuesta que parece que sólo busca "dilapidar el fondo de garantía".

Durante su comparecencia, la ministra de Empleo ha explicado que la medida estimula la creación de empleo estable, al menos, durante tres años, con una deducción de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes de la que se podrán beneficiar empresas y autónomos que contraten a trabajadores de forma indefinida.

Durante los primeros 24 meses, estas empresas sólo pagarán 100 euros de cotizaciones a la Seguridad Social, una reducción de la cotización "que no supondrá una reducción de los derechos sociales de los trabajadores", ha asegurado la ministra.

Para poder beneficiarse de la medida, las empresas deberán aumentar el nivel de empleo indefinido y total, y mantenerlo durante 36 meses, ha dicho Báñez, quien ha explicado que se exigirá a las empresas, con el objetivo de evitar el fraude, que no hayan realizado despidos calificados como improcedentes en un periodo determinado de tiempo.