Los trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada se han vuelto a manifestar este domingo para exigir a la dirección de la multinacional la retirada del ERE y contra el cierre de la planta de la localidad madrileña. La protesta ha partido de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada para terminar su recorrido en el Ayuntamiento de la localidad madrileña.

La secretaria general de Comisiones Obreras (CC.OO.) de la Comarca Sur de Madrid, Isabel Martínez, ha declarado a Europa Press que el cierre de la fábrica supone un "problema grande" no sólo para los trabajadores, sino también para Fuenlabrada porque "pierde una de sus mayores industrias".

Además ha señalado que con esta marcha quieren pedir a la Comunidad de Madrid que tome parte en este conflicto y que vuelva a apostar "decididamente" por la "industrialización" de la zona sur.

En referencia a la reforma laboral, Martínez ha señalado que sólo sirve para "destruir empleo" y ha criticado que las grandes multinacionales que han recibido ayudas públicas para instalarse en España no tengan ahora mismo ningún control de la Administración, de manera que no exista "ninguna legislación que proteja a los trabajadores".

La movilización, promovida por el sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO.), se ha celebrado un día después de la multitudinaria manifestación que recorrió ayer las calles del centro de Madrid y ha contado con la asistencia de trabajadores, vecinos y organizaciones sociales y políticas.

Por otro lado, Coca-Cola Iberian Partners se ha mostrado dispuesta a negociar con los trabajadores para alcanzar "un acuerdo satisfactorio a través del diálogo permanente" con los representantes sindicales que suponga "un primer paso para la mejora de la competitividad en el mercado".

Así lo ha señalado la empresa embotelladora en un comunicado publicado en los principales diarios, dirigida a los clientes, consumidores y a la opinión pública ante las noticias recientes relativas al plan de reorganización de la empresa. Coca-Cola Iberian Partners ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1.250 trabajadores.