La ONG estadounidense Human Right Watch ha publicado un informe sobre la situación de los migrantes que intentan llegar a España desde Marruecos en el que afirma que la Guardia Civil ha ejecutado "expulsiones sumarias" de extranjeros que logran entrar en Melilla y "ha recurrido al uso excesivo de la fuerza" contra ellos.

En un informe de 72 páginas presentado este lunes en Rabat y titulado "Maltratados y expulsados", HRW reconoce "algunas mejoras" en el trato a los emigrantes desde que el Gobierno marroquí anunció el pasado octubre una nueva política de asilo y refugio, como el hecho de que las expulsiones colectivas de emigrantes hacia territorio argelino hayan cesado.

El informe de HRW se apoya en 67 entrevistas a subsaharianos que viven "en estado de vulnerabilidad" en la región de Nador, a la espera de pasar a Melilla, o en la de Uxda (junto a la frontera argelina, etapa previa antes de llegar a Nador).

Sus testimonios fueron completados con entrevistas a funcionarios y a responsables de agencias internacionales y ONG del ámbito de la emigración.

El subdirector de la organización para Oriente Medio y el norte de África, Eric Goldstein, dijo en la presentación del informe que Marruecos debe sencillamente respetar sus propias leyes y los compromisos internacionales asumidos.

"No hay ninguna justificación" para los numerosos casos documentados de subsaharianos que son golpeados a bastonazos estando tendidos en el suelo y maniatados durante las frecuentes redadas en Nador y Uxda, sostuvo Goldstein, como tampoco para los casos en que los agentes les roban y queman sus humildes cobijos.

Las expulsiones sumarias de subsharianos a la frontera argelina, que habían sido corrientes durante años, han cesado desde 2013 pero no han terminado los traslados masivos, añade el informe.

Desde ese año, los emigrantes capturados en las redadas son conducidos en autobuses a grandes ciudades como Rabat o Casablanca, donde son abandonados "sin dinero ni instrucciones, a veces heridos o enfermos", como relató Katia Salmi, autora del informe.

Goldstein agradeció la cooperación prestada por el Gobierno marroquí y el hecho de que haya respondido a todas sus preguntas (las respuestas se adjuntan en un anexo al informe), pero aseguró que su versión de que la lucha contra la emigración clandestina se hace por los cauces legales queda desmentida por los hechos.

En este sentido, HRW pidió también al Gobierno de España que "cese todas las expulsiones sumarias hacia Marruecos en la frontera de Melilla y suspenda todos los traslados forzosos, hasta que Marruecos demuestre que (los emigrantes) no corren riesgo de golpes ni maltratos y que sus derechos están protegidos".

Del mismo modo, instó a la Unión Europea a que se asegure de que "no da apoyo a ningún programa (si eso supone) que las fuerzas marroquíes violan los derechos de los emigrantes tal como están garantizados por la legalidad internacional".

El Gobierno marroquí ha emprendido durante el año en curso una operación de regularización de los emigrantes en situación ilegal, que calcula suman entre 25.000 y 40.000 personas, y HRW se congratuló por ello, pero lamentó que los criterios elegidos dejen fuera a los más vulnerables, que son los que se encuentran en los campamentos de Nador y Uxda.