Educación para la Ciudadanía, hasta el año 2016

Ensalzada y criticada, siempre controvertida, Educación para la Ciudadanía (EpC), con sus variantes, dejará de estudiarse poco a poco hasta desaparecer completamente a mediados de 2016 en virtud de la reforma educativa promovida por el PP.

Hasta entonces, convivirán alumnos que sigan estudiándola -con temarios reformados por el Ministerio de Educación en 2012- y otros que ya no la cursen en función del calendario de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), donde queda suprimida totalmente.

Fue la novedad más polémica de la Ley Orgánica de Educación (2006), aprobada cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenó un debate social y político creciente desde que el gobierno socialista propusiera, en septiembre de 2004, una nueva materia común y obligatoria de educación en valores.

Entre los defensores, la Fundación Cives destaca que es "acertada", recomendada por el Consejo de Europa y generalizada en el continente; entre los detractores, Profesionales por la Ética ha sido paladín de las familias opuestas.

Se implantó desde el curso 2007-2008 en quinto o sexto de Primaria y uno de los tres primeros cursos de ESO -según decidiera cada administración- como Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Tomaba el nombre de Educación Ético-Cívica en cuarto de ESO; y de Filosofía y Ciudadanía en primero de Bachillerato.

Será en el curso 2016-2017 cuando desaparezca totalmente al empezar los nuevos planes de estudio de segundo y cuarto de ESO.

Pero "parece lógico" que hubiera desaparecido completamente el curso próximo si el gobierno actual consideraba que es una asignatura "ideológica", según indica el presidente de Profesionales, Jaime Urcelay, para quien la supresión es "un paso adelante en la recuperación de espacios de libertad en la escuela".

La materia trataba temas como la dignidad humana, la Constitución, las instituciones democráticas, los derechos y deberes ciudadanos; y la familia, el amor y la sexualidad.

Estos últimos puntos fueron los que más polvareda levantaron, con la oposición del PP (que se propuso eliminarla cuando gobernara), sectores educativos y la Conferencia Episcopal por creer que eran una intromisión estatal en la formación moral de los hijos.

Fue una campaña "realmente dura", con una "una gran violencia verbal" por parte de organizaciones "muy conservadoras", recuerda el presidente de Cives, Victorino Mayoral.

El Gobierno, a propuesta del ministro José Ignacio Wert, modificó el currículo mínimo para "suprimir las cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico" y anunció que la formación en valores sería transversal.

En junio de 2012, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, alertó del riesgo de que se diluyeran los contenidos al desaparecer la asignatura.

El malestar con EpC se concretó en 50.000 objeciones de padres, según algunos sectores, y un reguero de demandas judiciales y de sentencias dispares.

El Tribunal Supremo dictaminó en 2009 que no cabía la objeción porque los contenidos no lesionaban los derechos de los padres; faltan por resolver cuatro recursos de amparo en el Constitucional y una demanda de 400 familias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Piensa Mayoral, exdiputado socialista, que ya que no hubo el consenso necesario, se podían haber seguido las sentencias del Supremo, "que han quedado radicalmente olvidadas".

Argumenta que EpC ha sido "positiva" como promotora de sociedades "cohesionadas, participativas y de ciudadanía activa".

Defiende que no se adoctrine, pero sí educar en el pluralismo: "El profesor, ante los temas controvertidos, no tiene que ocultarlos, sino explicar las distintas posiciones sin tomar parte para que el alumno forme su juicio".

Profesionales reconoce que ha caído la conflictividad, pero habla del "daño" para los objetores con la asignatura suspensa, pues les ha perjudicado en las medias académicas, aunque apenas hay alumnos que no hayan podido titularse.

Su presidente reclama al Ministerio que "desaparezca" el suspenso del expediente porque se debe a una situación "anómala e injusta", algo que podría haberse "solucionado" en la Lomce.

Urcelay teme que la nueva asignatura de valores alternativa a la Religión sirva para el "mismo experimento ideológico" en "algunas comunidades".

Cives entiende que esa alternativa es volver a la "fragmentación" de los escolares, algo "desaconsejado por el Consejo de Europa".