El Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en los primeros seis meses desde su aprobación y ha logrado reducir el tiempo medio de pago a sus proveedores de 37 a 35 días en el último trimestre.

Ese ha sido uno de los datos que ha destacado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hoy ha aprobado un proyecto de ley para su remisión al Parlamento, que agrupa nuevas actuaciones para racionalizar el funcionamiento de la administración.

La vicepresidenta no ha avanzado el ahorro que supondrán todas estas reformas emprendidas a la espera del cierre del ejercicio de febrero, cuando podrá darse un dato global, aunque sí ha destacado que en 2012 se han ahorrado 30 mil millones en el gasto público de todas las administraciones.

De esos 30 mil millones, diez mil se han destinado a prestaciones al desempleo y a pagar intereses de la deuda, ha recalcado la número dos del Gobierno.

En seis meses, ha dicho Sáenz de Santamaría, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA y, además, 44 ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20 por ciento- y el resto se encuentra en fase de ejecución, un número muy importante de ellas en la fase final.

En ese periodo, el Gobierno ha conseguido reducir a 35 días el periodo medio de pago a proveedores en la administración general del Estado, ha aprobado una ley de unidad de mercado y comenzado a eliminar las 2.700 normas que podían generar trabas para garantizarla, ha ahorrado más de cien millones de euros al centralizar las contrataciones y ha hecho un "esfuerzo fundamental" en reestructurar los distintos niveles de la administración.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos en ese objetivo compartido, que se cuantifica ya en la reducción neta de 90 entidades empresariales o fundacionales del Estado, un 39 por ciento del total.

Respecto a las autonomías, esa cifra se eleva a 751 -lo que supone regresar a niveles de 2003- y, según la vicepresidenta del Gobierno, está muy avanzado el cierre de casi 600 entidades, 350 han sido ya suprimidas y 204 están en fase de liquidación.

Por último, las entidades locales han reducido 1.016 entidades, un 18 por ciento menos, hasta alcanzar niveles de 2010.

Respecto al proyecto de ley aprobado hoy, contempla otras medidas de racionalización como reforzar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), que evalúa la calidad del sistema universitario y el profesorado, y pasa a constituirse como organismo público.

Además, se llevará a cabo la integración parcial de la sociedad estatal España Expansión Exterior en el ICEX España Exportación e Inversión para ahorrar costes y mejorar su gestión.

También se fusionará el Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y se refuerza el Instituto Nacional de la Mujer, en el que el Consejo Rector se sustituirá por una comisión interministerial.

Se regulará asimismo una licencia deportiva única, que permitirá a su titular participar en cualquier competición oficial sea cual sea su ámbito territorial, y se introducen cambios en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) para configurar un tablón único de edictos.

Con todas estas actuaciones, ha recordado la vicepresidenta, se persigue el objetivo de conseguir una administración pública en sintonía con parámetros del siglo XXI, "más eficaz, mas eficiente y que preste mejor servicio al ciudadano". EFE