Aprobada la reforma local que ahorrará 8.000 millones

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente la reforma local, después de diez meses de tramitación parlamentaria, para poner en marcha una ley que, según el Ejecutivo, permitirá un ahorro a las arcas públicas de 8.000 millones de euros.

El pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la ley con la aprobación de las enmiendas introducidas en su paso por el Senado, después de un debate en el que la oposición ha criticado que la reforma no cumple las expectativas de los municipios en financiación, transparencia y cercanía a los ciudadanos.

La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha sido defendida por el portavoz del PP, Antonio Merino, que ha destacado que "la mayoría" de las autonomías y "miles" de ayuntamientos la han apoyado, porque la reforma es "necesaria y urgente".

Ha señalado que otorga más garantías al municipalismo; ha negado que reste competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar la colaboración de la diputación para mejorar los servicios, de los que se sabrá su coste efectivo; y respeta los regímenes específicos del mundo local.

Gaspar Zarrías, portavoz del PSOE, ha definido el proyecto de "error garrafal", que ayudará a privatizar y desmantelar servicios que son "patrimonio común" de todos, por lo que están "aterrados", y ha recordado que su partido presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para ello, ha animado al resto de grupos parlamentarios que se oponen a la reforma local a trabajar juntos para elaborar el recurso, así como a las comunidades autónomas y ayuntamientos

El portavoz de CiU, Carles Páramo, que la ha considerado un "atentado" al Estatuto de Cataluña, ha lamentado que no se haya aprovechado esta reforma para actualizar la actual ley de bases, pero "sin traicionar" su espíritu y la racionalidad de unas instituciones "ricas en historia", que han contribuido al "engrandecimiento de España" y de su democracia.

Tras afirmar que es "un día triste en la historia del municipalismo", ha indicado que supone una falta de respeto a la diversidad del estado plurinacional y que ni los alcaldes del PP la van a suscribir como propia.

Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha insistido en que centraliza competencias, fomenta la privatización y encarece los servicios públicos, además de poner en peligro a las entidades locales menores y reforzar a las diputaciones, que deberían haber sido eliminadas.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que la ley "no está a la altura de las necesidades del país"; "está hecha para mantener los chiringuitos" y no resuelve los problemas de la administración local, sino que los agrava, al quitar competencias a las instituciones elegidas por los ciudadanos y dárselas a las diputaciones.

Ha recordado que las competencias de urbanismo siguen en "manos municipales", a pesar de los numerosos procesos de corrupción, así como que la mayor parte de la financiación local proviene de actividades ligadas al suelo.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha defendido el acuerdo alcanzado con el PP para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y de Navarra y ha reconocido que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño o recursos.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha justificado su apoyo a la ley por tratarse de un referente constitucional, que modifica "leyes troncales, y ha aludido al "auténtico abismo" entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral.

Desde el Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, ha reconocido cambios, pero no suficientes para apoyarla, porque sigue siendo excluyente, especialmente con los ayuntamientos menores de 500 habitantes.

Joan Baldoví, de Compromis, ha calificado de "inútil" la norma, al no abordar los "verdaderos problemas" de las corporaciones locales, como la financiación y la "delimitación realista" de las competencias.

Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), ha señalado que "al grito" de que se van a ahorrar 8.000 millones, el Gobierno "está metiendo mano" a "la única institución en al que creen los ciudadanos" y ha precisado que se olvidan del hecho insular.

Olaia Fernández, del BNG, la ha vinculado con "los deberes impuestos" por la troika comunitaria; ha augurado que no se va a aplicar y ha aludido a la "obsesión recentralizadora" del Gobierno.

La diputada de ERC, Teresa Jordá, que ha dicho que en Cataluña no se va a aplicar, ha insistido en que no contempla las especificidades de la autonomía local que tiene su Estatuto; no resuelve los problemas de financiación, "recorta la democracia y aleja el poder de la ciudadanía".

Desde Amaiur, Onitza Enbeitia, ha considerado que "cientos de ayuntamientos" se quedarán sin competencias, ni capacidad de decisión y con sus servicios privatizados; ha dudado de que el acuerdo entre el PP y el PNV vaya a mitigar su efecto en las corporaciones municipales forales.