Caso Gürtel

Esperanza Aguirre declarará como testigo este martes desde su despacho de Génova

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido llamada a declarar por la implicación del que fuera su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Esperanza Aguirre
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La presidenta del PP de Madrid y expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, declarará este martes desde su despacho ubicado en la sede del PP como testigo en el caso Gürtel, después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz fijara la fecha para este día, a partir de las 10.00 horas.


Así consta en una providencia notificada la semana pasada en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita a la actual presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid que comunique "a la mayor brevedad" la dirección del "despacho, preferentemente oficial", en el que quiere que se desarrolle la diligencia, que se celebrará por escrito y en presencia de un secretario judicial a fin de que no pueda preparar las respuestas.


La presidenta de la formación madrileña ya explicó la semana pasada que declararía desde su despacho ubicado en la sede del PP, en la calle Génova, y que contaría "todo" lo que sabe al respecto. "Informaré de todo lo que sé para ayudar al juez a que se esclarezca esto cuanto antes", aseveró.


El instructor del 'caso Gürtel' preguntará a Aguirre por las prácticas del que fuera su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, imputado en el procedimiento. A éste se le atribuye haber recibido "cuantiosos pagos" efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".



Preguntas de las partes


La providencia detalla que Aguirre, que no declarará en la Audiencia Nacional por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron los hechos investigados, será advertida por el secretario judicial de su obligación de "ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal". Tras esta prevención, tendrá que responder a las preguntas planteadas por las partes sin que "se le permita acceder con anterioridad a las mismas".


En concreto, el juez ha considerado pertinentes todas las preguntas formuladas por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE); la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE); y las defensa del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo; y los imputados Juan Hernández Rodríguez e Isabel Jordán.


De igual modo, ha desestimado por su "carácter sugestivo" o por resultar "irrelevantes para la instrucción" una cuarentena de preguntas formuladas por la representación del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).


El magistrado también advierte de que la declaración de Aguirre se realizará "en unidad de acto y en presencia únicamente del secretario judicial", que se encargará de que "la testigo no comunique por vía telefónica o por cualquier otro medio con terceros". Su único apoyo será el de una persona "ajena al ejercicio profesional del Derecho" que se encargará de "proceder a la transcripción de las respuestas de la testigo".


La testigo tampoco podrá consultar documento alguno "salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar". Tras la declaración, el secretario levantará acta reflejando el lugar, día y hora en que se prestó la declaración y "las circunstancias personales de la testigo".


No hay indicios contra ella

El juez considera que no consta "indicio alguno de participación o consentimiento" por parte de Aguirre en la "irregular operativa" de contratación que López Viejo llevó a cabo cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y añadía que su declaración resulta "necesaria, útil e idónea a los fines de la instrucción".


A su juicio, su testimonio podría "incidir en la supuesta instrucción o indicación" que Aguirre le habría dado a López Viejo para prohibirle que contratara actos con la mercantil Easy Concept, empresa que formaba parte de la trama de corrupción que presuntamente lideraba Francisco Correa.