Partidos políticos
El Congreso debate si prohibe las donaciones a los partidos
El PSOE propuso prohibir las donaciones procedentes de empresas con el fin de impedir que obtengan beneficios ilícitos.
El pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición de ley del PSOE para prohibir las donaciones procedentes de empresas a los partidos políticos, a fin de impedir que con ellas obtengan beneficios ilícitos o un tratamiento privilegiado.
La prohibición de estas donaciones es una de las medidas aprobadas por los socialistas en su reciente Conferencia Política, aunque su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, la viene defendiendo desde que el pasado febrero estallara en caso Bárcenas.
Desde 2007 la ley de financiación de partidos fija un límite máximo para estas donaciones y las prohíbe en el caso de las empresas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas.
El PSOE recuerda, en la exposición de motivos de su iniciativa, que estas limitaciones se han "incumplido sistemáticamente" y argumenta que las "irregularidades en el funcionamiento y financiación de los partidos deteriora profundamente la confianza de los ciudadanos en la democracia".
Unió Democrática de Cataluña (UDC) seguida de Coalición Canaria y el PP fueron los tres partidos que recibieron entre 2009 y 2011 donaciones de empresas que mantenían contratos con las administraciones públicas, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a esos años, el último que se ha publicado.
El órgano fiscalizador denunció también en ese informe donaciones anónimas -prohibidas por la ley- en Izquierda Unida de Andalucía y el Partido Aragonés.
La propuesta de modificación de la ley de financiación de partidos que debatirá el Congreso el martes también contempla reducir a la mitad el plazo de remisión al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales de los partidos, así como del plazo para la emisión por parte del tribunal del informe de fiscalización.
Esto supone que el informe sobre la legalidad de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y sobre la regularidad contable de sus actividades económico-financieras sería presentado en las Cortes en el último trimestre del año siguiente al que se refieran las cuentas.
